El diputado del PP José Juan Zaplana ha propuesto un plan post-Covid "dotado técnica, humana y económicamente de los medios adecuados para que el sistema sanitario pueda recuperar la normalidad lo antes posible". Ha afirmado que un gobierno "debe transmitir seriedad, control, rigor y anticipación" pero el Consell de Ximo Puig "está haciendo todo lo contrario".

Ha destacado la necesidad de este plan porque hay "diagnósticos que siguen esperando en un cajón, demasiadas pruebas no realizadas en los meses más duros de la pandemia y enormes daños colaterales de enfermedades que han empeorado y cronificado con el impacto del virus".

A su juicio, la gestión "ha sido un desastre" porque "ha fallado la organización en la Atención Primaria, hay consultorios todavía cerrados, los refuerzos no llegan, los médicos en formación están en huelga y el material de protección es escaso".

Por ello, ha planteado un plan que pasa por contemplar las sanitarias como profesiones de riesgo, PCR periódicas para detectar y proteger a los profesionales, un plan estratégico para evitar el éxodo de médicos especialistas formados vía MIR o la creación de una unidad sanitaria multidisciplinar en el ámbito de la Comunitat

Asimismo, el PP propone implantar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos de la Comunitat, un plan de choque contando con todos los medios públicos, concertados y privados para actualizar lo antes posible la realización de pruebas, las visitas de control, los diagnósticos y las intervenciones quirúrgicas para reducir al máximo la espera, entre otras cuestiones.

El PP ha aceptado las enmiendas planteadas por Ciudadanos y Vox -que también han criticado las listas de espera actuales-, pero no la del Botànic, que quería modificar el texto instando a prolongar, profundizar y adaptar a la evolución de la pandemia las actuales medidas adoptadas englobadas en el documento 'Indicaciones para la reanudación de la actividad quirúrgica y consultas externas durante el periodo de transición de la pandemia' de fecha 25 de mayo.

La socialista Carmen Martínez ha hecho hincapié en que ya hay un plan y ha subrayado también sobre las listas de espera que en junio había algo más de 58.000 personas, 6.000 menos que en mayo, y "se está recuperando la actividad quirúrgica" incluyendo derivaciones a centros privados.

Por su parte, Carles Esteve (Compromís) ha señalado que la propuesta del PP es un ejemplo de "política de táctica, que no es muy útil" y le ha reprochado que lleve al pleno algo que ya se está discutiendo en la comisión de reconstrucción. Irene Gómez (UP) ha pedido que la salud no sea objeto de intereses partidistas y ha llamado a la unidad.

Zaplana ha replicado que en junio se redujo el número de personas en listas de espera porque las agendas de especialistas estaban cerradas y no entraba nadie en ellas y ha advertido también de que el documento del 25 de mayo está "caducado".

APOYO AL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

Sí ha logrado el apoyo del Botànic la propuesta de Ciudadanos de apoyo al sector del automóvil que apuesta por la innovación, por la reactivación de la demanda y por avanzar hacia la descarbonización.

El diputado de Cs Carlos Gracia ha subrayado que, ante la crisis sanitaria, "primero salvar vidas y segundo, salvar empleos" y por ello, ha considerado "prioritario" ayudar a este sector, que tiene una facturación de 13.500 millones de euros y más de 30.000 trabajadores.

"Es un sector de alto valor añadido que genera empleo estable y de gran calidad", ha subrayado Gracia, al tiempo que ha explicado que "la industria automovilística, además de a la Covid-19, se enfrenta a la incertidumbre sobre la transición hacia la descarbonización". Por ello, ha asegurado: "No podemos permitirnos que ocurra como con Nissan en Barcelona" y ha abogado por "hacer todo lo posible para que la Comunitat Valenciana sea un lugar competitivo".

La iniciativa de Cs defiende "consensuar con el sector las políticas de descarbonización, de reactivación de la demanda, de reducción de costes energéticos, la normativa fiscal y laboral y la inversión en innovación y digitalización". Reclama también un convenio de colaboración entre el Consell y el sector, dotado de presupuesto, orientado a la potenciación del HUB en innovación, donde se desarrolle la marca de la Comunitat Valenciana.

INCENTIVOS FISCALES PARA BICICLETAS Y PATINETES

Asimismo, también saldrá adelante previsiblemente otra proposición no de ley (las votaciones se realizarán este jueves), la que ha planteado el PSPV para instar al Consell a implantar incentivos económicos y deducciones fiscales para la movilidad sostenible a través de bicicletas y patinetes.

En concreto, se plantean incentivos económicos en forma de euros/kilómetros a los trabajadores que acudan a su puesto en bicicleta con un máximo de 30 euros mensuales, mediante el diálogo social y siempre que la renta no supere los 25.000 euros al año.

Apuesta por que los parkings privados en empresas y polígonos industriales cuenten con medidas de seguridad para evitar daños y robos, más estacionamientos, una deducción en el tramo autonómico del IRPF con un máximo de 300 euros para la compra de bicicletas y patinetes y de 100 euros para la reparación, con el mismo límite de renta. Se pide también al Gobierno que rebaje del 21 al 10% el IVA de estos medios de transporte.

El socialista José Muñoz ha instado a aprovechar las oportunidades que surgen de esta crisis en la que los ciudadanos tienen "miedo a ir en transporte público", lo que genera un mayor uso del vehículo privado.

Mamen Peris (Cs) ha apostado por combinar la seguridad sanitaria, la facilidad de movimiento y la sostenibilidad medioambiental, y ha advertido de que no hay que parar con las ayudas, sino que hay que apostar por una buena red de transporte metropolitano, que es "la asignatura pendiente".

El PP, que ha anunciado su voto a favor aunque no se aceptara su enmienda, ha advertido de que estas ayudas no beneficiarán "prácticamente a nadie" y ha pedido "moderación y ponderación" porque en el caso de conseguir la deducción fiscal, será "dentro de tres años". Desde Vox han rechazado la iniciativa asegurando que "no tiene sentido priorizar ayudas relacionadas con la contaminación, esa agenda ecoradical" con la situación económica actual.