En su exposición, ha defendido que la posesión corresponde a "un justo título" y ha argumentado que el pazo se le dio a Franco a título personal y no como jefe del Estado, como sostiene la Abogacía del Estado y las demás partes intervenientes, la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.
"La intención que había era regalarlo a Francisco Franco a título personal". "No lo pagó él, no lo discutimos", ha manifestado también este abogado para quien el pergamino de 1938, relativo a la compra del inmueble por la Junta pro Pazo a los herederos de Emilia Pardo Bazán, "no sirve de título de adquisición". "No tenían el título sucesorio", ha asegurado a este respecto sobre esa primera operación.
Por el contrario, se ha remitido a la existencia de pólizas de seguro "a nombre" del caudillo o al pago del IBI para respaldar sus argumentos respecto a la titularidad. "El Estado se desentendió por completo y ha reconocido a los herederos a efectos fiscales y administrativos", ha sostenido en alusión a los años posteriores tras la muerte del dictador.
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