El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha decidido cerrar la Residencia de Ullastrell (Vallès Occidental) y la Residencia San Adrià, en Sant Adrià de Besòs, como medida cautelar de aplicación inmediata hasta que se resuelvan definitivamente los expedientes sancionadores abiertos contra estos dos centros, ya intervenidos por la Generalitat a raíz de la crisis de la Covid-19 por las graves irregularidades detectadas en su funcionamiento y organización. 

El departamento ha tomado ahora esta decisión porque ha constatado que los dos centros no cumplen los requisitos establecidos para garantizar los derechos de las personas residentes en el marco e la crisis sanitaria, ni tampoco se garantizan los derechos de los trabajadores.

La residencia de Ullastrell estaba gestionada por la empresa Apaser Residencial y tiene 34 plazas, 19 de las cuales son públicas. La Generalitat la intervino el 16 de abril y puso al frente otra entidad gestora, la Fundación Vallparadís, con el objetivo de reconducir la situación del centro. Ahora ya está calificada como 'verde' en materia de contagios.

El Servicio de Inspección abrió el expediente sancionador a Apaser Residencial el 3 de junio por 5 infracciones graves y 11 infracciones muy graves, que pueden ser sancionadas con multa de 4.000 euros cada una de las graves y con 7.900 euros cada una de las muy graves, además del cierre del establecimiento por un periodo de cuatro años.

La Residencia San Adrià también es un centro privado, en este caso con 25 plazas, 20 de las cuales con financiación pública. La Generalitat la intervino el día 31 de marzo y sustituyó los gestores, Residencia San Adrià SL, por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, que ha controlado la situación asistencial y sanitaria de la residencia. También está calificada como 'verde' en cuanto a contagios.

Los inspectores abrieron un expediente a los anteriores gestores el 3 de junio por dos infracciones graves y ocho de muy graves.

Ahora, las entidades responsables de la gestión tienen la obligación de hacer efectivo el cierre del centro en coordinación con el departamento, que ya ha empezado a trabajar en la reubicación y garantía de derechos de las personas residentes durante las próximas semanas. Primero se ofrecerá a las familias una alternativa en otro centro privado, y en segunda instancia, se los ofrecerá una plaza pública. 

Hasta el cierre efectivo de los centros, continuarán al frente de ambos geriátricos la Fundación Vallparadís y el Consorcio de Salud y Social de Cataluña.