Abogados de Maeso insisten en el "riesgo innecesario" que corre en prisión con la Covid-19: "Si enferma, podría morir"

La defensa del anestesista Juan Maeso, al que se le impusieron 1.933 años de cárcel por el contagio de hepatitis C a 275 pacientes operados en cuatro hospitales valencianos entre los años 1988 y 1998, insiste en el "riesgo innecesario" que corre en prisión por la Covid-19 y ha vuelto a pedir a los jueces la libertad condicional: "Si enferma, podría morir".
Ciudad de la Justicia en imagen de archivo
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EUROPA PRESS - Archivo

Así consta en el recurso de súplica que han presentado los abogados de Maeso, del despacho Castillo Castrillón, tras la denegación de la suspensión de la condena y la libertad condicional al entender la sección segunda de la Audiencia de Valencia que no había riesgo patente para su vida por contagio de coronavirus en el centro penitenciario.

Maeso requirió al tribunal su puesta en libertad condicional atendiendo a su edad, 78 años, a las enfermedades que padece y al riesgo añadido en la actualidad con la Covid-19. Lleva en prisión 13 años, con permisos puntuales, y se fijó su salida para 2027.

Sin embargo, la Audiencia se lo denegó y fundamentó su decisión en el informe médico remitido por el centro penitenciario en el que se encuentra el anestesista, que reflejaba que no se había registrado hasta la fecha ningún contagio por coronavirus entre los presos, aunque sí entre funcionarios de Vigilancia.

Ahora, la defensa de Maeso ha vuelto a pedir su libertad en base a varios criterios: existe un "elevadísimo riesgo innecesario" al seguir en prisión. Alegan, en relación con el informe del centro, que el condenado tiene una "alta probabilidad de contagio" y, en el caso de enfermar por coronavirus, "podría llegar incluso a fallecer al detentar múltiples patologías previas".

Al respecto, esta parte ve "contradicha" la conclusión de la Audiencia con los informes médicos aportados por Maeso que advierten del riesgo por estar en una institución cerrada y por ser muy difícil evitar el contacto entre las personas, incluidos trabajadores del centro.

En relación a estos informes, insisten, y en contra de la afirmación de la Sala que señala que son los médicos del centro los que tratan a Maeso, los letrados han matizado que los facultativos que han elaborado el informe de parte son los que tratan al paciente con asiduidad cada vez que disfruta de los frecuentes permisos "sin incidencia alguna".

"Ya señaló esta defensa, en relación al dictamen del centro, que no efectuaba una relación entre las patologías que padece mi patrocinado y su relación con la Covid, relación que sí efectúa el informe aportado por esta defensa", agrega.

Y lamenta que la resolución de la Audiencia no analiza "en profundidad" la "alarmante" afirmación que realiza el propio centro al afirmar que hay casos de coronavirus entre los funcionarios de Vigilancia, y que no hay garantías de que no pueda ocurrir la entrada del virus en el centro", limitándose a señalar que el centro "está adoptando medidas".

A su entender, está "claro" que la excarcelación no puede garantizar la sanidad de un mal incurable según diagnóstico, "pero permite una mejoría relativa y una evolución más lenta, con menos ocasiones de episodios agudos, no solo por el tratamiento médico, que también podría recibir en la cárcel, sino por el cambio de ambiente que coadyuva positivamente por la unidad psicosomática del ser humano, mientras que la permanencia en el establecimiento penitenciario ha de incidir negativamente en la misma medida".

DERECHO A LA VIDA

La defensa de Maeso entiende así mismo vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física en la resolución de la Audiencia al señalar que no cabe afirmar que concurra un peligro patente para la vida del interno.

A su juicio, negar el peligro para la vida de Maeso, en relación al peligro "patente" por el riesgo de contagio por Covid, calificándolo en el auto como un peligro hipotético, es "cuanto menos preocupante" y "resta importancia a los 228.000 casos infectados en España y a los 26.920 fallecidos, al reducir el riesgo de contagio a mera hipótesis teniendo en cuenta que el centro no garantiza que no pueda ocurrir el contagio".

Así mismo, los abogados alegan vulneración del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos que exige que se asegure la salud y bienestar del prisionero. "El TEDH entiende vulnerado el precepto, tanto por inacción o falta de diligencia, como por el mantenimiento en prisión de personas enfermas y de edad avanzada por periodos prolongados, exigiendo que se adopten las medidas de naturaleza humanitaria. Todos ellos son los supuestos en los que entendemos se encuentra Maeso en la actualidad", mantienen.

Por último, los letrados hacen hincapié en los principios de humanidad y derecho de dignidad de las personas que "debe de predominar" sobre cualquier otra consideración legal. "Consideramos que dejar fallecer a mi mandante en el centro penitenciario cuando no existe ninguna circunstancia que ratifique su estancia en el mismo, reinserción y reeducación, vulnera la dignidad de la persona y le obliga a fallecer en el centro en unas condiciones deplorables al estar empeorando a pasos agigantados su delicado estado de salud, privándole de los pocos años de vida que le quedan", sostienen.

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