Según ha informado el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, mientras no se levante el estado de alarma decretado con motivo de la pandemia, los servicios de vigilancia y seguridad únicamente permitirán el acceso a los edificios judiciales de la comunidad autónoma a aquellas personas que dispongan de cita previa.

El Plan recoge una serie de medidas en el camino hacia el incremento de la actividad en el ámbito judicial aunque el documento que agrupa estas cuestiones es flexible y abierto, es decir, que deberá dar respuesta a las incidencias que vayan surgiendo o sean detectadas.

Un total de 425 funcionarios trabajaron la semana pasada en las sedes judiciales de Aragón de forma presencial, mientras que otros 262 teletrabajaron desde sus domicilios. La Fase 2 del Plan de la Desescalada, que entra en vigor el próximo lunes 26 de mayo, supondrá la incorporación de entre el 60 y el 70% de los funcionarios, según las instrucciones del Ministerio de Justicia.

Estos porcentajes harán ascender la cifra de funcionarios presenciales en Aragón a unas 750 personas que, junto a las que trabajan de forma telemática, hacen que prácticamente estén completas las plantillas y preparadas para el levantamiento de la suspensión de plazos procesales y la posibilidad de celebrar vistas, previsto para el próximo 4 de julio.

El Plan de Seguridad limita al usuario, salvo casos excepcionales, la entrada a los edificios judiciales. Todos los visitantes, que tendrán que contar con cita previa, además de acceder por los arcos de seguridad, deberán llevar mascarilla como medida de prevención. En el caso de presentar síntomas febriles no deberán atravesar esta zona de acceso.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En varios puntos de atención al público -como los juzgados de guardia, registros civiles, juzgados de violencia de género y puntos de información- se han colocado mamparas para la protección individual y colectiva.

Otras medidas de protección directas que se han implementado son la colocación de barreras físicas para limitar el paso de público a zonas de acceso restringido; la puesta en marcha de una sala de vistas y la reordenación de la sala de declaraciones para los juzgados de Violencia sobre la Mujer en la Ciudad de la Justicia; la sustitución de secadores de mano eléctricos por dispensadores de papel y el cierre de 'office' y máquinas de 'vending'.

Asimismo, en todos los puntos de acceso al público se plantea colocar barreras mediante postes de balizamiento y cintas de PVC, con lo que se fomenta la distancia hasta los mostradores. Esta medida se completa con señalización horizontal adherida al suelo. En las bancadas se limitarán los asientos a utilizar, mientras que en los ascensores se restringe la capacidad a una persona, salvo los de grandes dimensiones, que se limitarán a dos personas.

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA

La puesta en marcha de estas medidas de protección ha supuesto la necesidad de reorganizar un amplio número de puestos de trabajo. La planificación realizada tiene como finalidad el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social recomendado por las administraciones sanitarias, siempre con una planificación que interrumpa lo menos posible el funcionamiento interno.

El Plan propone también ajustar la ventilación a la ocupación con la finalidad de mantener una alta calidad del aire.

De esta forma, el documento recoge las recomendaciones de los diferentes organismos competenciales, sobre todo las dictadas del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, y tiene como punto de partida las cuestiones emitidas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Aragón y las autoridades sanitarias.

Las decisiones de seguridad adoptadas se reparten entre cuatro ámbitos de actividad: Edificios, instalaciones y servicios generales; limpieza y desinfección; medidas de protección individual; y tecnología de la información. La aplicación de estas cuestiones supone la revisión de todas las sedes judiciales con una propuesta de uniformidad en los tratamientos y las necesarias adaptaciones en cada una de ellas.

Desde el inicio del estado de alarma el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, ha publicado varias órdenes y resoluciones, tanto de parte de la consejera del área, Mayte Pérez, como de la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez. El objetivo de las mismas ha sido fijar el número de funcionarios presenciales que debían atender los servicios esenciales de la Administración de Justicia.

Esta situación continuará hasta la total incorporación de los funcionarios a los Juzgados y Tribunales y la normalización de la actividad judicial, que se producirá el próximo día 4 de Junio.