A través de préstamos, con un tope de 300.000 euros por año para cada consistorio, los ayuntamientos podrán ampliar su parque público de viviendas a través de la adquisición, rehabilitación o construcción de las mismas. "Nuestro medio rural tiene grandes posibilidades, pero uno de los principales problemas para la llegada de nuevos vecinos es la falta de vivienda para la compra o alquiler", ha explicado la diputada de Iniciativas Locales de la institución provincial, Miriam Ponsa.

"Gracias a estos préstamos vamos a reactivar la economía local a través de la puesta en marcha de obras para la adecuación de viviendas, y por otro lado se van a ofrecer alquileres a bajo precio, un aliciente que sumar a la larga lista de atractivos que tiene la vida en un pueblo", ha añadido.

A este plan pueden acogerse todos los municipios con menos de mil habitantes o aquellos que, superando esta cifra, vayan a poner en marcha obras en alguno de los núcleos que no alcancen ese tope poblacional. Una vez finalizadas, la vivienda se deberá alquilar como residencia habitual con una cuantía máxima de 240 euros al mes.

OTROS USOS

"Si el consistorio no pudiera arrendarla, podrá destinarse a otros usos de tipo social, como entidades de ayuda a personas en riesgo de exclusión social, o para entidades del ámbito cultural", ha señalado Miriam Ponsa.

Los ayuntamientos pueden presentar sus solicitudes hasta final de año. Estas serán tramitadas siguiendo el orden de entrada y se resolverán cada mes hasta agotar la partida presupuestaria destinada al plan. Una vez concedido el préstamo, los ayuntamientos podrán amortizarlo en un máximo de 30 años.