"Nos parece una falta de respeto que intenten dejar de pagarle a la trabajadoras, ellas hacen su trabajo y tienen que cobrar ya", ha exigido Alejandro Serrato, portavoz de Adelante Andalucía.

De igual modo, el secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, ha incidido en que "las empresas no tienen ningún argumento para no pagar, ya que la administración ha asegurado que van a abonar las cantidades".

Así, según han explicado en un comunicado, "esta semana algunas de estas empresas han mandado comunicaciones a sus trabajadoras donde se les decía que no iban a pagarle los sueldos porque la Junta todavía no les había abonado la subvención por el periodo de confinamiento de la crisis del coronavirus COVID-19".

De esta forma, estas organizaciones han criticado "la precariedad" a la que se han visto sometidas el Personal Técnico de Integración Social e Intérpretes de Lengua de Signos Española "desde que estos servicios fueron externalizados por la Junta de Andalucía a mediados de la década de 1990 con sueldos muy bajos, teniéndose que desplazar cientos de kilómetros, sin estabilidad".

Además, han resaltado que las empleadas han pasado el período de confinamiento por el COVID-19 "sin saber si podían adherirse a los ERTE o pedir el desempleo".

Por otro lado, han vuelto a pedir a la Junta que sea la propia administración quien gestione estos servicios en los centros educativos "y que no los mantenga externalizados para acabar con la precariedad laboral, subrogando al personal que actualmente da estos servicios, pero además, han asegurado que esta gestión directa servirá también para mejorar la atención que se presta a los estudiantes".

Actualmente, han recordado, en Andalucía hay más de 2.000 técnicas de integración social y más de 300 intérpretes de lengua de signos española que prestan sus servicios en los colegios e institutos públicos.