En su decreto, la Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández García, considera que en los hechos denunciados no existen indicios de delito.

El decreto de la Fiscalía concluye que la denuncia presentada relata una serie de hechos ya conocidos, publicados por la Administración y los medios de comunicación, sin que se aporten datos o hechos concretos cometidos por personas determinadas. ç

"El escrito no hace más que realizar una denuncia genérica sobre la existencia misma de la pandemia, el número de fallecidos que provoca y, más concretamente, los fallecidos en las residencias de personas de edad avanzada, así como la gestión de la propia crisis", señalan desde Fiscalía.

El pasado 19 de marzo se incoó en la Fiscalía un expediente gubernativo para analizar la situación que atraviesan los centros residenciales de personas de edad avanzada de la comunidad, tanto públicos como privados, con el objetivo de recopilar toda la información necesaria para conocer la existencia no solo de posibles personas enfermas o fallecidas a consecuencia del COVID-19, sino también aquellas circunstancias asistenciales que puedan estar suponiendo un riesgo innecesario para todos los residentes y trabajadores de los establecimientos. Así, se recibe información a diario, se estudia y se valora.

En Asturias, los enfermos y residentes en residencias de tercera edad han estado sometidos a un control médico. Algunas residencias han sido medicalizadas, sin que ninguno de los órganos competentes haya puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia de situaciones que puedan resultar delictivas.

Desde Fiscalía añaden que en el Principado, la mayoría de los contagiados residentes en centros de personas de edad avanzada, tanto públicos como privados, fueron trasladados a complejos hospitalarios, de los que tampoco se ha recibido denuncia o comunicación alguna que revele situaciones en las que aprecien negligencias o agresiones.

Vox solicitaba en su escrito que el Fiscal dé una serie de órdenes a la autoridad competente, en relación a la gestión de las actuaciones por la pandemia, pero la Fiscal señala que esa labor no entra en las funciones atribuidas a la Institución en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Así, el decreto de la Fiscal Superior apunta que la función del Fiscal se desarrolla siempre ante los tribunales de Justicia y entre ellas no está incluido el control de la gestión del Gobierno, aunque sea autonómico, ni por supuesto adoptar o mandar adoptar medidas sanitarias, labor que corresponde a las autoridades en materia de salud pública.

Contra el decreto de la Fiscal Superior no cabe recurso, aunque los denunciantes pueden reproducir su denuncia ante el juzgado correspondiente.