A este fin, ha planteado diez propuestas concretas, de bajo coste, y fáciles de llevar a cabo, al objeto de dotarles de carga de trabajo a estos colectivos para que puedan mantener su actividad y empleo, según una nota de prensa de la formación naranja.

En ese sentido, ha señalado que cada año el Ayuntamiento de Gijón licita un volumen de contratación superior a los 25 de millones de euros.

Por este motivo, cree que hay que intentar que beneficien al mayor número de pymes y autónomos, especialmente locales, posiblemente reduciendo las trabas que estos se encuentran a la hora de contratar con la administración. En esta línea, ha abogado por la contratación por lotes, que, a su juicio, no se está haciendo en muchos casos.

Como ejemplo ha citado que la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo adjudicó la impartición de 125 cursos de formación a una única empresa, cuando lo más razonable hubiera sido adjudicarlos por lotes para así haber beneficiado a más empresas locales que se dedican a la impartición de formación, "y, además, lo hizo de forma directa sin ningún tipo de concurrencia pública", ha lamentado.

"Debemos tratar que a través de la contratación pública municipal se pueda contribuir a la reactivación económica y al mantenimiento del empleo en la ciudad", concluyó.

Asimismo, entre las propuestas planteadas para facilitar la contratación de autónomos y PYMES, está un plan de formación y asesoramiento que las prepare para participar en la contratación pública.

También desde Ciudadanos se aboga por publicar en la web municipal todos los contratos que el Ayuntamiento prevea celebrar este año y adaptar el tamaño de los contratos para facilitar su participación, estableciendo lotes aquellos que sea posible.

A esto se suma el ajustar al máximo los requisitos de capacidad y solvencia atendiendo no solo a las características del contrato sino también a la realidad empresarial local y fomentar su acceso a los contratos menores, valorando criterios de proximidad y atención inmediata de las posibles incidencias surgidas durante su ejecución.

Otras medidas son: eximir de la constitución de garantías siempre que legalmente sea posible; Reducir al máximo el plazo para la cancelación definitiva de las garantías; Garantizar el pago de las facturas derivadas de los contratos en 30 días; promover que en casos de subcontratación por parte de los adjudicatarios esta se realice a favor de autónomos o empresas locales; y establecer mecanismos eficaces para asegurar el pago en plazo a los subcontratistas.