Asimismo, los tres principales problemas son la falta de liquidez y las dificultades de acceso a los préstamos ICO u otras fuentes de financiación externas -50,55 por ciento-, la dificultad para renegociar costes directos del negocio -31,87 por ciento- y, en menor medida, los costes de personal -8,79 por ciento-.

Estos datos se recogen en una encuesta elaborada por la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia entre sus asociados, que revela que un 4,40 por ciento cree que podrá reanudarsu actividad en el mes de mayo, el 42,86 por ciento que la reapertura llegará a principios de junio, el 35,16 por ciento opina que no llegará hasta julio y un 17,58 por ciento estima que la actividad permanecerá suspendida hasta agosto o incluso meses posteriores.

Entre los establecimientos que se acogieron a un ERTE -el 83 por ciento-, también hay preocupación por el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, algo que solo el 13,19 por ciento de los encuestados cree que estará en condiciones de cumplir. El 52,75 por ciento cree que no podrá hacerlo, mientras que el 34,07 por ciento no sabe o no contesta.

De hecho, un 14,29 por ciento cree que tendrá que reducir su plantilla en un 20 por ciento; un 31,87 por ciento lo cifra entre un 20 y un40 por ciento; y un 12,09 por ciento cree que necesitará una reducción de más de un 40 por ciento.

MEDIDAS NECESARIAS

En relación a las tres medidas que consideran más importantes para ayudar a las empresas y autónomos en esta situación de crisis, el 62,64 por ciento reclaman ayudas económicas directas y subvenciones a las empresas -frente al 37 por ciento que lo hacía hace un mes-, y el 54,95 por ciento pide más medidas laborales, como la extensión de los efectos extraordinarios de los ERTES por causa de fuerza mayor durante todo el año 2020, más allá de la situación de estado de alarma, permitiendo una incorporación progresiva de los trabajadores al negocio en paraleloa la evolución del consumo.

Además, el 53,85 por ciento piden bonificaciones fiscales sobreimpuestos estatales y el mismo porcentaje solicita la suspensión temporal del pago de arrendamientos del local durante el periodo de suspensión de la actividad.

Un 28,57 por ciento consideran necesarias medidas fiscales sobre impuestos locales, como la tasa de basuras, agua o la de veladores, ha informado la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia en una nota de prensa.

PAGOS

En cuanto a las suspensiones temporales del pago de arrendamientos de los locales, una de las medidas más demandadas, solo el 18,67 por ciento ha seguido abonando la resta ordinaria sin hablar con su arrendador, mientras que el 81,33 por ciento de los encuestados ha tratado de renegociar las condiciones del contrato.

Al 14,29 por ciento le han concedido una suspensión total del pago del alquiler durante el periodo de suspensión de la actividad, al 21,98 por ciento le han me ha concedido una suspensión parcial y al mismo porcentaje, un aplazamiento.

El 23,08 por ciento restante se ha dirigido a su arrendador para renegociar las condiciones del contrato y no ha accedido a su petición, manteniéndose las condiciones del contrato inalteradas.

VARIOS ÁMBITOS

Para el presidente de la Asociación, José María Marteles el sentir de los empresarios hosteleros de la provincia pone de manifiesto que las disposiciones aprobadas hasta la fecha por las diferentes administraciones públicas para paliar los efectos de la COVID- 19 en el sector son "francamente insuficientes".

La gravedad de la situación requiere medidas a diferentes niveles -europeo, estatal, autonómico, provincial y local- con carácter "inmediato y urgente", de lo contrario, las consecuencias económicas en materia de empleo y de generación de riqueza serán "catastróficas", ha alertado.

En primer lugar, ha dicho Marteles, debe inyectarse liquidez en forma de ayuda directa y a fondo perdido para que los negocios puedan hacerfrente a los gastos corrientes de su actividad, actualmente suspendida.

"Es inadmisible que hasta la fecha no se hayan aprobado soluciones normativas tendentes a suspender rentas de arrendamiento, puesto que junto con los salarios y seguros sociales, representa el mayor gasto directo de cualquier negocio y puede comprometer la viabilidad futura del mismo".

En segundo lugar, solicitan al Gobierno de España "prudencia y proporcionalidad" a la hora de elaborar los protocolos higiénico-sanitarios de desescalada y de reapertura de negocios.

Piden apostar por "medidas lógicas y racionales que no supongan una inversión desorbitada y, en muchos casos, de "difícil o imposible" asunción por los establecimientos, que llevan casi dos meses sin facturar un solo euro, en estructuras y medios, como las mamparas o separadores de metacrilato o materiales análogos, entre otros, que "no sólo no existen ni son preceptivos en otras actividades con concurrencia de público como comercios de alimentación o transporte público, entre otros, sino que son "absolutamente ineficientes para evitar la propagación y contagio del virus".