Así, en un comunicado, han reiterado la "necesidad de garantizar la prestación de los servicios de ayuda a domicilio, asegurando a su vez la salud tanto de los y las usuarias como de las propias trabajadoras y sus respectivas familias, mediante la necesaria reorganización del servicio y garantizando en coordinación con el resto de administraciones el suministro de equipos de protección individual".

La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha indicado que desde el 21 de marzo pasado viene compartiendo propuestas y documentos de manera informal con la vicepresidenta cuarta, Natacha Rivas, "para la firma de un decreto de Presidencia que clarificara y estableciese las directrices en coordinación con el área de Servicios Sociales, a las distintas Zonas de Trabajo y a la empresa prestataria del servicio.

"Sin embargo, debemos trasladar nuestra preocupación al comprobar que aún no se ha dictado ese decreto y los servicios se están prestando sin seguir una pauta clara y actualizada por parte de esta Diputación", según ha indicado Sánchez.

Adelante ha apuntado que la Diputación "es quien debe establecer dichos servicios mínimos de la mano de la empresa prestataria y fijar un plan de reorganización que asegure que el servicio se presta con las máximas garantías para usuarios y auxiliares".

Por ello, ha reclamado que se aborde esta cuestión "de manera inmediata ofreciendo soluciones, contando ya con directrices claras en esta materia, exigiendo a la empresa cumplir con el plan de reorganización, con las necesidades de equipos de protección y garantizando que las auxiliares de ayuda a domicilio recibirán las retribuciones previas a la situación extraordinaria, manteniéndose en alta y a disposición del servicio".

Según la coalición de Izquierda Unida y Podemos, su trabajo se debe centrar "en aportar propuestas que permitan la unidad de acción de las distintas administraciones, para ello, la transparencia y una información fluida deben ser pilares fundamentales".

Ha recordado Sánchez que este servicio está gestionado en la Diputación por una empresa externa y ha informado de que han solicitado "una petición de información sobre protocolos que la empresa haya puesto en marcha con motivo de la emergencia sanitaria, en relación al uso de EPI y medidas de prevención en el domicilio ante tareas a realizar en el domicilio y aclarar cuáles son los criterios equitativos a la hora de repartir las mascarillas y los EPI entre los auxiliares".

También piden la documentación sobre las gestiones que la Diputación de Málaga está realizando tanto con la empresa como con la Junta de Andalucía para garantizar la provisión de EPI y test para las auxiliares de ayuda a domicilio; conocer el número de mascarillas, guantes y batas desechables adquiridos por la empresa durante el estado de alarma; el servicio en los días festivos de Semana Santa; cuántas auxiliares se encuentran activas atendiendo las tareas de cuidados y cuántas de baja por ser posibles infectadas por el COVID-19 con desglose por municipios.

La portavoz de la coalición de izquierdas ha pedido también "una justificación documental por parte de la empresa de que durante el mes de marzo las Auxiliares de Ayuda a Domicilio han recibido las retribuciones previas a la situación extraordinaria, tal y como establece la Junta de Andalucía".

Por su parte, la diputada de Adelante Málaga, Maribel González, ha incidido en "la actitud propositiva que ha mantenido el grupo desde el comienzo de esta crisis" y ha señalado que han enviado a Presidencia de la Diputación "un borrador de Decreto elaborado en base a los documentos técnicos del Ministerio y de las Recomendaciones de la Junta de Andalucía y que se sustenta en cuatro puntos fundamentales".