En público, defiende su manera de contar a los fallecidos por coronavirus, pero en privado el Gobierno estudia cómo mejorar el sistema de recuento y acabar con el caos que reina sobre las cifras de muertos de la pandemia. Tras recurrir a los certificados de defunciones del Registro Civil, el Ejecutivo se plantea ahora dar un paso más y pedir también la colaboración de Institutos de Medicina Legal, unos bajo el mando del Ministerio de Justicia y otros de los 12 gobiernos autonómicos con las competencias transferidas.

De momento, se trata solo de una idea que sale del departamento del ministro Juan Carlos Campo, que según explican fuentes de Medicina Forense, ha propuesto al Ministerio de Sanidad poner a su servicio a los institutos anatómicos forense y sus subdelegaciones en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. También se podría recurrir a los del resto de España, dado que el decreto de alarma ponía a todos los servicios sanitarios a disposición del Ministerio de Sanidad.

A falta de conocer el alcance de la medida, en situaciones ordinarias los médicos forenses entran en escena cuando la muerte no se produce por causas naturales, pero hasta ahora no intervienen, por ejemplo, en fallecimientos en residencias de mayores o en domicilios cuando no haya causas violentas. De manera excepcional por la pandemia, fuentes del sector apuntan que quizá podrían pasar a considerarse muertes cuyas causas sea necesario esclarecer.

A la espera de ver si finalmente se decide pedir que los Institutos de Medicina Legal colaboren con el ministerio de Sanidad, algunos ya colaboran con el Registro Civil correspondiente, cotejando los datos respectivos de fallecimientos todos los días.

De las comunidades al Gobierno

La medida también tendría una lectura política, que consistiría en unir al recuento de fallecidos por la epidemia a organismos que dependen directamente del Ministerio de Justicia o que pasarían a responder ante Sanidad, no de las comunidades autónomas. Hasta ahora, son las Consejerías de Sanidad las que proporcionan al Ministerio unos datos que, comparados con las defunciones que constan en los registros civiles, se han revelado insuficientes para conocer la magnitud de la pandemia.

Además, el receptor de la sugerencia es el ministro de Sanidad, quien más ha defendido la validez de los datos de fallecidos. Este martes, Salvador Illa aseguró que el modelo según el cual se cuentan los muertos en España es “fiable”. “No nos engañemos a nosotros mismos”, dijo en una rueda de prensa en Moncloa. “La definición de caso comporta que toda aquella persona que ha dado positivo por coronavirus y fallece, es un fallecido por coronavirus", dijo e insistió en que “España usa el sistema de recuento más exigente”.

Quizá lo sea y, de hecho, el criterio fijado por el Gobierno central no ha sido puesto en cuestión ni por gobiernos tan distanciados de él como el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Según el mismo, se contabilizan como fallecidos por o con coronavirus las personas que han sido diagnosticadas, lo que deja fuera a quienes mueren en una residencia de mayores o en sus casas, algo que podría entrar ahora en el cómputo con los médicos forenses. Pero también, apuntan en el Gobierno madrileño, gracias a los test PCR que se empezarán a hacer ahora fuera de los centros sanitarios, empezando precisamente por las residencias.