En un comunicado remitido a los medios, la entidad que preside Carmen Flores insta al Ministerio público a "depurar responsabilidades" en todos los casos en los que se hayan producido "irregularidades graves" con los ancianos.
La asociación censura que las residencias "ni contratan ni ponen los medios" necesarios para garantizar cuestiones como la intimidad o la dignidad.
El Defensor del Paciente señala que su petición de investigación a la Fiscalía "está fundamentada" en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que apela a denunciar los delitos de los que hayan tenido conocimiento.
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