"Los plazos son tediosos y sabíamos que no íbamos a llegar a tiempo", señala a Europa Press el director general de Aguas, Víctor Navarro, quien reconoce que la planificación debía estar elaborada desde 2015 y con el inicio de la nueva Legislatura y el cambio de Ejecutivo se han puesto recursos económicos y materiales "para que los planes caminen".
En esa línea, insiste en que algunos estarán finalizados tras el verano y la intención es que todos estén listos al final del ejercicio pero deja claro que "se trata de mejorar la seguridad de bienes y personas, no es un trámite administrativo ni tratar de eludir la sentencia".
Navarro señala que la competencia es de los consejos insulares de aguas pero el Gobierno "debe responder" ante la Unión Europea y no se va a "poner de perfil" de ahí que tras un acuerdo con la Fecai (Federación Canaria de Islas) haya reuniones diarias con los consejos para evaluar la situación y "homogeneizar criterios".
Así, comenta que ya se está abordando la redacción del segundo ciclo que "a veces está mas adelantado que el primero", subrayando que Canarias va a "cumplir" la directriz europea y atender una "necesidad importante de" seguridad en las islas. "Sería una irresponsabilidad y lo hemos asumido", indica.
Navarro no descarta que haya "trabas" durante la tramitación porque se pasa por muchas fases como exposición pública o alegaciones y "por suerte no se ha judicializado". "Hay que ser muy estricto y muy diligente", comenta.
En ese sentido, señala que los consejos insulares de Tenerife y Gran Canaria están más adaptados a sus necesidades que los del resto de las islas para las que el Ejecutivo ofrece la encomienda de Tragsatec. "Tenemos recursos humanos y económicos para que camine lo más rápido posible", señala.
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