Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, quien ha aseverado que "todas aquellas partidas que no están hipotecadas por los gastos fijos van a ser susceptibles de ser utilizadas" para frenar y derrotar la pandemia.

El Decreto Ley pretende facilitar que la Administración autonómica "sea lo más flexible posible en tres frentes: sanitario, social y económico" y afecta a todas las áreas de la DGA porque "la naturaleza de esta crisis exige ser más rápidos en recursos y procedimientos", ha continuado Pérez Anadón.

"Este Gobierno no puede dejar en manos del azar la situación, no vale el 'sálvese quien pueda" porque "esta crisis obliga a actuar con unas prioridades muy distintas a las programadas" durante la elaboración del Presupuesto, ha dicho el consejero, subrayando que las sanitarias, de empleo y ayudas sociales son ya "de extrema urgencia".

De esta forma, las medidas atañen al personal, la simplificación y agilización del gasto, la contratación, la economía, la cadena alimentaria, los servicios sociales, la educación y la Administración electrónica, entre otras áreas.

El consejero ha recalcado que esta situación ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, que -tiempo atrás- ha autorizado a actuar para "resolver con prontitud" las situaciones de emergencia, subrayando que el Decreto Ley tiene "consistencia jurídica".

CRÉDITOS AMPLIABLES

El Gobierno de Aragón está trabajando en la firma de un paquete "bien potente" de operaciones de crédito a corto plazo para financiar actuaciones contra el COVID-19. Se trata de "dotarnos de la mayor cantidad de economías para tener liquidez a corto plazo para asumir cualquier situación", ha explicado, anunciando que "vamos a llegar a los máximos que nos permita la Ley para tener la previsión necesaria".

Una de las medidas recogidas es la declaración como créditos presupuestarios ampliables de todos los necesarios para atender la crisis sanitaria, de forma que ninguna actuación relacionada con el COVID-19 necesitará el informe previo de la Dirección General de Presupuestos.

El titular de Hacienda podrá retener los créditos del presupuesto de gastos que tengan la consideración de disponibles y también podrá anular documentos contables en cualquier fase de ejecución presupuestaria.

El Ejecutivo podrá aprobar las modificaciones presupuestarias que se prevean, anular documentos contables y alterar las condiciones y cuantías de las subvenciones, incluidas las nominativas. "Todo está paralizado" excepto la lucha contra el COVID-19.

Los distintos Departamentos tendrán un plazo de cuatro días para remitir a Hacienda los asuntos que consideran prioritarios y que supondrán levantar la suspensión del procedimiento, aunque, el Gobierno tendrá la última palabra. En definitiva, la agilidad administrativa no tiene otra finalidad más que ganar en eficacia en la lucha contra el virus y contra las consecuencias socioeconómicas que se derivan de la pandemia.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

En el capítulo que hace referencia a la contratación pública se opta por aplicar la tramitación de emergencia en todos los contratos destinados a atender las necesidades que provoca la pandemia. De la misma manera, se especifica que las órdenes de pago podrán realizarse a justificar, es decir autorizarse a expensas de que más adelante se aporte la documentación necesaria.

Además, cuando un contrato público quede en suspenso, pero el contratista pueda atender con los mismos medios otras necesidades análogas, por ejemplo, el servicio de comida del comedor escolar por el servicio de entrega de comida a domicilio, podrá optar por mantener su actividad y asumir las nuevas prestaciones que se tramitan por emergencia.

Las contrataciones del sector público se llevarán a cambio mediante la tramitación de urgencia y se optimizarán todos los contratos con empresas. Al tiempo, se agiliza la provisión de puestos de trabajo y se garantiza el pago del IAI y la prórroga automática a lo largo de todo el año.

Esta norma da cobertura a las entidades locales para que, jurídicamente, "puedan actuar tomando decisiones de emergencia" amparándose en "este paraguas".

El Ejecutivo autonómico pone en marcha mecanismos para priorizar el trabajo administrativo y permite continuar con la tramitación de procedimientos suspendidos, ya sea por cauces ordinarios o de emergencia, en aquellos casos que estén referidos a situaciones vinculadas con el estado de alarma, a los que sean indispensables para la protección del interés general o los necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos.

Además, se crearán unidades transitorias de apoyo que formarán parte de los Departamentos más sobrecargados para evitar que se colapsen y los funcionarios serán destinados mediante el régimen especial de atribución de funciones.

EMPLEO

Las medidas netamente económicas se dirigen de manera fundamental al mantenimiento del empleo. Así, por ejemplo, las subvenciones que de manera ordinaria se han otorgado con la finalidad de generar músculo económico y laboral se mantendrán y no se obligarán a su devolución si el beneficiario demostró antes de la crisis del Covid-19 el correcto funcionamiento de las iniciativas. Incluso podrá adelantarse el 100% de la subvención si las pérdidas de actividad se producen directamente por situaciones derivadas del Covid-19.

De manera general, no se vinculará la concesión de una subvención al requisito obligatorio de mantener el empleo, lo que se ha convertido en una imposibilidad para todas las empresas.

Asimismo, el Ejecutivo está priorizando el pago a autónomos y pymes, "el eslabón más débil de la cadena, para que no sufra los efectos de la crisis". La norma de concesión de subvenciones se flexibilizará.

Por otra parte, se intensificará la utilidad de la Administración electrónica y se reforzará todo lo relativo a la cadena alimentaria, "un servicio más esencial que nunca", calificando de imprescindibles las explotaciones agropecuarias, también los proveedores y establecimientos comerciales de materias primas. Son servicios esenciales todos los asociados a la sanidad animal y vegetal.

SERVICIOS SOCIALES

El Decreto dedica un capítulo a concretar medidas en el ámbito de los servicios sociales, y en especial dedicadas a la atención de las personas mayores, haciendo especial hincapié en la necesidad de agilizar la provisión de puestos en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para la prestación de servicios esenciales cuando se detecten ausencias por los efectos de la pandemia.

Estas bajas se cubrirán con los empleados públicos o los procedentes de las diversas contratas que se hayan quedado sin función específica por el cierre de los Hogares de mayores del IASS, o de los Centros de Día. Si las necesidades no pudieran ser cubiertas por este personal, se solicitará la cobertura con personal de otros departamentos, y en última instancia se acudiría a las bolsas de interinos.

También se prevé adjudicar de manera directa y sin publicidad los conciertos en materia de servicios sociales, asimismo en este periodo excepcional quedarán renovados los conciertos y sus prórrogas si han terminado su tiempo de vigencia. En materia de Educación, el Ejecutivo quiere asegurar el inicio del curso próximo.