El pasado lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, informó de que agentes de la Unidad Militar de Emergencia (UME) habían encontrado “abandonados, cuando no muertos”, a ancianos en sus camas en varias residencias de mayores de la geografía española. Aunque no concretó ni el número total de cadáveres hallados ni dio nombres sobre los centros afectados, la Fiscalía General del Estado decidió hacerse eco de su denuncia y decidió incoar diligencias de investigación para tratar de hallar culpables.

Con el fin de completar esa investigación, Más Madrid ha registrado telemáticamente en el juzgado un listado de residencias, al que ha tenido acceso 20Minutos, situadas en la región en las que el número de fallecidos desde que se inició el brote ya llegaría hasta los 106 y el de contagiados por coronavirus, hasta los 362. En ellas dicen observar “indicios de delitos como el homicidio imprudente” y “la omisión del deber de socorro”.

“La alarma social, unida a la dificultad para acceder a información actualizada y veraz, es muy elevada”, se puede leer en el escrito. En él, Más Madrid pide a la Fiscalía que “promueva las acciones necesarias en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, procediendo a iniciar las diligencias correspondientes que permitan investigar la situación en la que se encuentran las residencias de la Comunidad de Madrid”.

“La situación en estos centros es escalofriante”, denuncia el portavoz de la formación, Pablo Gómez Perpinyà, que asegura que, “al margen de las responsabilidades políticas, también hay que depurar las responsabilidades judiciales de este desastre: en la información que disponemos y hemos entregado a la fiscalía observamos indicios de, entre otros delitos, homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de socorro”.

Asimismo, Perpinyá advierte de que quien “ha abandonado y humillado a los mayores por mantener el negocio debe pagar por ello”, además de solicitar al Gobierno de la Nación la intervención en las residencias. No obstante, más allá de tomar el mando, el Ministerio de Sanidad ha decidido pasar la pelota a los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas. Al menos así se desprende de la última orden del ministro Salvador Illa que fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que permitía a las autonomías “medicalizar” estos centros, una solución que comparten los trabajadores de las mismas.