El Ministerio de Sanidad vuelve a tomar medidas con la intención de paralizar la incidencia del coronavirus en las residencias de mayores. Este martes, el ministro Salvador Illa ha informado de la entrada en vigor de una nueva instrucción más dura que la aprobada el 11 de marzo, que requería el aislamiento de residentes que hubieran dado positivo por Covid-19.

“Vista la evolución de la epidemia se ha aprobado una nueva orden más estricta”, ha asegurado el ministro, que ha recalcado que las residencias quedan sometidas a los gobiernos de las comunidades autónomas, que podrán ordenar “el alta, la baja o la reubicación” de los residentes, así como establecer “las medidas oportunas” para la puesta en marcha de nuevos centros o modificar el uso de los ya existentes para “medicalizarlos”.

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La instrucción también prohíbe a las residencias reducir o suspender su actividad y les insta a “garantizar” una “información veraz” sobre las características del centro y de sus pacientes. Además, Sanidad también ha ordenado que todas ellas clausuren las zonas comunes de con el fin de disminuir la interacción entre los ancianos, dejando abierta la posibilidad de plantear como alternativa “la organización de turnos para acceder a las zonas comunes que permitan mantener una distancia de seguridad entre los residentes de 2 metros y con una limpieza oportuna entre un anciano y el siguiente”.

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La patronal de las residencias, por su parte, ha querido dejar claro que sus profesionales se están “dejando la piel” y ya están tomando las medidas pertinentes. El secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, Jesús Cubero, ha pedido, en declaraciones a la agencia EFE, que no se les “criminalice”, tras las «inoportunas» palabras en las que, el lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que la Unidad Militar de Emergencia (UME) había encontrado ancianos fallecidos en sus camas.

Pese a que la titular de Defensa no especificó ni cifras ni lugares, la Fiscalía General del Estado sí comunicó su intención de incoar diligencias de investigación por si fueran constitutivas de delito.