En nota de prensa, la Policía Nacional ha informado de que una de las principales medidas que ha puesto en marcha es la instalación de controles policiales aleatorios, fijos y móviles, en vías, espacios públicos y medios de transporte para asegurar que los ciudadanos cumplen las limitaciones de movilidad.

Desde el domingo pasado, 15 de marzo, hasta el día de ayer, día 20, más de 120 indicativos han realizado más de cien dispositivos, tanto en las entradas y salidas de Logroño como en las diferentes calles del centro de la ciudad.

Estos controles están siendo más intensos en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se ven afectados por las restricciones, "contando con una buena colaboración por parte de la ciudadanía, que cada vez está más concienciada".

Los agentes, por otro lado, están garantizando que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo así como la movilidad del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad.

Ambos cuerpos están acudiendo a los diferentes supermercados de Logroño para garantizar los suministros básicos, y recomendar a los ciudadanos que extremen las medidas de prevención, respetando la distancia de al menos un metro entre clientes, y entre los consumidores y los empleados a fin de evitar posibles contagios.

Dentro de la colaboración ciudadana, han sido "numerosas" las llamadas recibidas en las que vecinos de diferentes urbanizaciones exponían que desde sus domicilios observaban cómo "numerosas" personas de su residencial permanecían en las zonas comunes de la misma, haciendo caso omiso a las indicaciones de permanecer en sus domicilios.

También se ha tenido que alertar a ciclistas y runners, a los se les ha informado de que en la situación que estamos padeciendo, y hasta que se vuelva a un estado sin riesgo para la salud, hacer deporte al aire libre está prohibido porque se exponen ellos y exponen al resto de los ciudadanos a que los contagios se propaguen, llegando a imponer sanciones en algunos casos.

La policía solicita responsabilidad a los ciudadanos para cumplir con las medidas del Real Decreto de Estado de Alarma, que sólo permite salir de casa para acudir a un centro sanitario, al puesto de trabajo, para la atención de personas mayores, discapacitados o menores, para la compra de alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, para gestiones con una entidad financiera (sacar dinero, por ejemplo) o por causa de fuerza mayor.

Otra de las principales funciones a realizar durante el estado de alarma por las Fuerzas de Seguridad está siendo el "auxilio a las instituciones y a los profesionales sanitarios" para que éstos puedan atender a los afectados por la epidemia.

En este sentido, se ha mediado en varias ocasiones debido a que enfermos ingresados y contagiados en el Hospital de San Pedro han querido abandonar este centro, por lo que los agentes han debido intervenir para impedir esta situaciones.

La Policía ha recordado que Ley de Seguridad Ciudadana recoge sanciones de carácter leve, con multa de cien a seiscientos euros para aquellos que retiren "vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad".

Estas multas podrían ascender hasta los 30.000 euros si hubiera desobediencias o resistencia a los agentes, "así como la negativa a identificarse a requerimiento" de estos o se facilitara "datos falsos o inexactos".

La Ley General de Salud Pública incluye "la realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población" siendo la sanción económica desde 3.001 a 60.000 euros.

Se calificará como muy grave cuando el incumplimiento sea de forma reiterada ante las instrucciones recibidas de la autoridad pasando a ser la sanción económica en importes comprendidos entre 60.001 y 600.000 euros.

La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil se refiere al incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas. Oscilan las sanciones económicas entre 1.501 y 30.000 euros, en situaciones graves.

Finalmente, el texto hace referencia al Código Penal y, en concreto, a su artículo 556. Este señala que serán castigados con penas de cárcel de entre tres meses y un año aquellos que se resistieran o desobedecieran "gravemente" a los agentes de la autoridad.