Ante el incremento de desahucios en el estado, diferentes entidades y movimientos sociales exigen a la Administración Pública que apliquen la ley "sin excusas" y sancionen a los grandes propietarios que no ofrezcan alquileres sociales o que no cedan las viviendas. A su vez, también reclaman a los jueces de Primera Instancia una interpretación garantista de la norma basada en los Derechos Humanos.

A raíz de la convalidación definitiva del Decreto Ley 17/2019 que amplía la Ley 24/2015 y de las últimas noticias y comunicados expuestos por parte de jueces, juzgados y abogados que ponen en duda su aplicación, la Comisión Promotora de la Ley 24/2015, y otros movimientos sociales por la vivienda digna, apelan al conjunto de jueces de Primera Instancia de todo el territorio que apliquen esta ley de forma "garantista" y respetando los derechos de los ciudadanos.

También han exigido al Ajuntament de Barcelona y a la Generalitat de Catalunya que activen los protocolos necesarios y tramiten los expedientes sancionadores oportunos cuando detecten incumplimientos por parte de los bancos, fondos buitre o grandes propietarios.  "La actual crisis de vivienda solo se conseguirá superar si todos los poderes del Estado reman hacia la misma dirección" apuntan las entidades, que indican que ejercerán "toda la presión posible" para que la vivienda sea un derecho y no un "objeto de especulación".

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Esta ley lo que implica es la detención de desahucios cuando se trate de grandes propietarios obligados a ofrecer un alquiler social e instarlos a hacer la correspondiente oferta a las familias afectadas. En caso de que esto no se produzca, se comunicará a los Ayuntamientos la no oferta de alquiler social para que estos inicien el procedimiento sancionador que prevé la Ley 24/2015.

Los posicionamientos contrarios se basan en "una interpretación restrictiva" de la ley, afirmando que en ningún articulo se hace referencia explicita a cuales son los efectos procesales que derivan del incumplimiento por parte de los grandes propietarios de viviendas de realizar esta oferta de alquiler social.

Además de exponer que la norma es de carácter administrativo, y no debería tener efectos procesales. No obstante, el articulo 3 del Código Civil establece que las normas se han de interpretar de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicables.

En este sentido, las entidades y movimientos sociales han asegurado que "nos encontramos en la peor crisis de habitage" que se ha vivido durante épocas. "El Estado no ha estado capaz de impulsar normas que garanticen el derecho a la vivienda" apuntan des de Stop Desahucios, que además recuerdan que en el estado español se han destinado más de 65.725 millones de euros en rescates bancarios.

Por otro lado, también han querido remarcar que el precio del alquiler en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid han aumentado cerca de un 40% en tan solo cinco años, situándose a día de hoy como la principal causa de desahucio.

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Des de movimientos y entidades como Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, el Sindicat de Llogaters, el Col·legi de treballadores socials de Catalunya, la Taula Tercer Sector y el Grup Promotor de la Llei 24/2015,  se indica que esta ley es "necesaria, urgente y útil" para la lucha contra los desahucios y para garantizar el derecho a vivienda, ya que su plena aplicación evita llegar a los tribunales.