JxCat, ERC, comuns, CUP y Ayuntamiento de Barcelona piden suspender el desahucio del Bloc Llavors

  • Lo exigen con entidades en el Parlament en cumplimiento del nuevo decreto ley de vivienda.
Momento en el que se paralizó el desahucio del Bloc Llavors de Barcelona.
Momento en el que se paralizó el desahucio del Bloc Llavors de Barcelona.
@blocllavors / Twitter

El Ayuntamiento de Barcelona y diputados en el Parlament de JxCat, ERC, los comuns y la CUP han pedido este miércoles que la jueza del Juzgado de Primera Instancia 48 de Barcelona suspenda el desahucio del Bloc Llavors, en la calle Lleida, en aplicación del nuevo decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Lo han pedido en rueda de prensa en el Parlament Elsa Artadi (JxCat), José Rodríguez (ERC), Susanna Segovia (comuns) y Maria Sirvent (CUP), con la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín; el portavoz del Sindicat de Barri del Poble-sec, Sílvio Covolo, y la representante del grupo impulsor de la Ley 24/2015 de Emergencia Habitacional Maria Antonia Castellana.

Los cuatro grupos parlamentarios han firmado una carta abierta del Sindicat de Barri del Poble-sec a la jueza, en la que la entidad explica que seis familias viven en precario en el bloque, ubicado en el número 38 de la calle Lleida, y que el desahucio se suspendió utilizando por primera vez el decreto ley, que el Parlament convalidó el 5 de febrero.

En la carta, la entidad lamenta que la jueza plantee de nuevo que se ejecute el desahucio, y que sea con fecha abierta, algo que "implica una responsabilidad que va más allá del caso concreto" porque más de 1.000 familias catalanas vulnerables podrían ampararse en este nuevo decreto ley si se aplica.

Así, pide a la jueza que vuelva a examinar el caso y dicte la suspensión del desahucio de las familias, hasta que el fondo de inversión propietario de los pisos cumpla con la obligación que establece el decreto ley de ofrecerles un alquiler social, aunque estén ocupando la vivienda sin título habilitante.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) concluyó el lunes que el decreto ley es inconstitucional por su definición de 'vivienda vacía', en un dictamen a petición de Cs y en el que sostuvo que las sanciones por no ofrecer el obligado alquiler social podrían constituir un freno o condicionante a la decisión del propietario de tramitar el proceso para poner fin a la ocupación.

Covolo ha pedido al Govern que exprese su apoyo a las familias del bloque, y al Ayuntamiento que utilice todas las herramientas necesarias ante el fondo inversor: "No pararemos hasta que se vayan de Barcelona, ellos y todos los que han venido a especular con nuestras vidas", ha advertido.

Castellana ha defendido que, cuando entren en conflicto los derechos constitucionales a la vivienda y a la propiedad, se apoye al más pobre, y ha avisado: "De ninguna forma permitiremos que este decreto ley se queden en nada porque alguien lo quiera invalidar. Nos encontrarán de frente y no lo permitiremos". 

Seis familias viven en precario en el bloque, ubicado en el número 38 de la calle Lleida, y El desahucio se suspendió utilizando por primera vez el decreto ley, que el Parlament convalidó el 5 de febrero

La concejal de Vivienda barcelonesa ha avanzado que el Ayuntamiento está tramitando un expediente sancionador contra el fondo inversor por este caso, y ha explicado que hace casi un mes dieron precisamente este plazo a la propiedad para que ofreciera un alquiler social a las familias pero que no lo ha hecho.

Preguntada por los medios, ha explicado que el Ayuntamiento ha empezado a abrir este y otros expedientes de casos particulares en base al nuevo decreto ley: "Están empezando justo ahora. Estamos en una fase muy inicial porque la normativa es nueva y se deben hacer las comprobaciones necesarias". JXCAT, ERC, COMUNS Y CUP

Artadi, que es concejal de JxCat en Barcelona además de diputada, ha expresado su preocupación por que la normativa termine en el Tribunal Constitucional (TC), y ha dicho que existe una "Justicia que no deja de ser injusta" y que apoyarán las medidas que tome el Ayuntamiento de la capital catalana.

El republicano José Rodríguez ha pedido que el ámbito judicial no altere la voluntad del Parlament y permita a las administraciones aplicar este decreto ley: "Creemos en la independencia judicial, pero también que el poder judicial no puede alterar la voluntad del legislador ni el sentido" de la norma.

Segovia ha pedido que no se ejecute este desahucio hasta que las administraciones puedan asumir su papel y hacer cumplir el nuevo decreto, mediante los expedientes sancionadores y las expropiaciones que contempla: "Estamos pidiendo tiempo para hacer frente a la situación y para obligar a cumplir con el decreto".

Desde la CUP, Sirvent ha exigido que se suspenda el desahucio hasta que las familias dispongan de una alternativa residencial, y ha sostenido que no son las administraciones las que garantizan el derecho a la vivienda, sino que los son las entidades y los colectivos organizados.  

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