El líder de ERC, Oriol Junqueras, sale este martes d ela prisión de Lledoners, en la que cumple una condena de 13 años por sedición, malversación y desobediencia por el procés, para iniciar tareas de docencia (todavía no detalladas) en el campus de la UVic-UCC en la localidad barcelonesa de Manresa.
El exvicepresident de la Generalitat ya ejerció en el pasado como profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Con Junqueras y Romeva, que ha salido este lunes, ya son siete los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo los que han podido salir de prisión con permisos para trabajar o cuidar de familiares dependientes en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario.
Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull han iniciado los trámites para solicitar las respectivas autorizaciones.
El primero en comenzar a hacer uso de este artículo fue Jordi Cuixart (expresidente de Òmnium Cultural). El pasado 13 de febrero, abandonaba Lledoners para ir a trabajar a la empresa de 'packaging' de la que es propietario. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell dejaba Mas d'Enric el 17 de febrero para salir tres días en semana a cuidar de un familiar. El mismo día 17, la exconsellera Dolors Bassa salía de Puig de les Basses ara atender a su madre con un permiso de tres días a la semana, ocho horas al día.
La Fiscalía ha recurrido los diferentes permisos concedidos a los presos argumentando que son
"un tercer grado encubierto".
El 25 de febrero abandonaba también Lledoners el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y exdiputado de Junts per Catalunya Jordi Sànchez para hacer voluntariado en la Fundació Canpedró tres días a la semana.
Cinco días antes, el 20 de febrero, disfrutaba de un permiso por primera vez desde que está encarcelado el exconseller de Interior Joaquim Forn, que dejó Lledoners para ir a trabajar al departamento legal de la productora Mediapro, durante 12,5 horas al día de lunes a viernes.
La Fiscalía, no obstante, ha recurrido los diferentes permisos concedidos a los presos argumentando que las actividades que realizan fuera son "un tercer grado encubierto".
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