Esta medida se enmarca dentro del protocolo de colaboración suscrito entre ambos gobiernos en 2012 para mejorar la calidad de vida a los ciudadanos de sus zonas limítrofes.

Dicho convenio, como han recordado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, permite acuerdos específicos en ámbitos como la sanidad, la educación o la prestación de servicios sociales. El objetivo es mostrar que la colaboración entre comunidades autónomas es una necesidad destinada a elevar la calidad de vida de los ciudadanos residentes en zonas limítrofes con la prestación de los mejores servicios esenciales.