Esta medida se enmarca dentro del protocolo de colaboración suscrito entre ambos los gobiernos de Castilla y León y País Vasco en 2012 para mejorar la calidad de vida a los ciudadanos de sus zonas limítrofes.

Dicho convenio permite acuerdos específicos en ámbitos como la sanidad, la educación o la prestación de servicios sociales y ell objetivo es mostrar que la colaboración entre comunidades autónomas es "una necesidad destinada a elevar la calidad de vida de los ciudadanos residentes en zonas limítrofes" con la prestación de los mejores servicios esenciales.