Los despidos durante una baja por enfermedad seguirán siendo legales hasta este jueves

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
JUAN CARLOS HIDALGO / EFE
El Gobierno también ha aprobado nuevos impuestos para aumentar los ingresos. Recaudará en internet a través de la tasa Google. Y gravará la compraventa de acciones con la tasa Tobin. Con ambos pretende irngresar 1.800 millones de euros.

Los despidos objetivos por ausencias intermitentes justificadas, incluidas bajas médicas, dejarán de ser posibles a partir del jueves, el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) prevista para este miércoles. Entonces será oficial que estos despidos no son legales, a pesar de que en la práctica ya ha habido casos de jueces que los han declarado "improcedentes" apoyándose, más que en la ley laboral de 2012 que ahora se modificarán, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declara que este tipo de despidos no se acomodaba a la legislación internacional.

En todo caso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha querido entrar en la valoración que los jueces al resolver las demandas contra despidos por bajas justificadas y este martes se ha limitado a recordar que la reforma de la ley no tiene carácter retroactivo y que la nueva legislación, con este tipo de despido ya prohibido, no entrará en vigor hasta un día después de publicarse en el BOE.

“A partir mañana que lo publique el BOE, entra en vigor”, ha dicho la ministra como respuesta a si la prohibición de este tipo de despidos afectará también a los que ya se han producido pero se encuentran en los tribunales. 

Primera derogación

Díaz ha celebrado que "finalmente" el Consejo de Ministros ha echado por tierra el primero y más urgente de los aspectos identificados como más "lesivos" para los trabajadores en la reforma laboral del PP.

“Vamos desmontando la reforma laboral del PP", ha dicho la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha pedido “discreción” para salvaguardar la negociación con representantes de los empresarios y sindicatos para eliminar otros aspectos más “lesivos” de la legislación vigente, entre lo que ha vuelto a señalar como más “urgentes” la ultraactividad de los convenios colectivos.

Con la ley en la mano, la respuesta es que la reforma legal no afectará a los despidos que ya se hayan producido, aunque estén recurridos en los tribunales. Al no tener carácter retroactivo, la procedencia de un despido debe observarse en función de la ley vigente en el momento de producirse. Es decir, antes del próximo jueves, con el artículo que contemplaba los ceses por ausencias intermitentes incluso justiciadas, lo que incluye las bajas por motivos médicos.

Sin embargo, la realidad que se observa es incluso antes de derogar este artículo, algunos jueces han empezado a fallar a favor de los despedidos en los recursos contra sus despidos debido que en su interpretación de la procedencia de los mismos tienen en cuenta una sentencia del Tribunal de la UE que falló en contra de este artículo. El Ministerio de Trabajo, por su parte, no quiere entrar en esta cuestión y alega no tener datos precisos de cuántos casos pueden haberse dado.

Un mes para su convalidación en el Congreso

El artículo 52d de la reforma laboral del PP de 2012 que ha quedado definitivamente derogado este martes dice que “por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses".

Aunque entrará en vigor tras publicarse en el BOE, el real decreto ley deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. Allí hay partidos como el PP que se oponen a esta modificación, la primera de las anunciadas por el Gobierno, de la reforma laboral de 2012. En todo caso, que el Congreso eche para atrás un decreto ley es una excepción porque por lo general las leyes que aprueba mediante este formato el Gobierno son confirmadas por la Cámara  Baja.

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