La condena de la UE a España por la falta de depuración de las aguas urbanas residuales, impuesta en 2018 y que implicaba una multa millonaria y penalizaciones semestrales, asciende ya a más de 32,7 millones de de euros, lo que supone la mayor multa de la historia que tendrá que pagar el Estado español a Bruselas.

Según recoge el diario El País, ese montante seguirá ascendiendo, ya que el Gobierno calcula que, en el mejor de los casos, hasta 2023 no habrá solucionado todos los problemas pendientes. Por ahora, ha pagado dos semestres de incumplimientos completos.

Fue en noviembre de 2018 cuando el Tribunal de Justicia de la UE impuso a España una multa millonaria por incumplir la correcta depuración de sus aguas residuales en 17 importantes aglomeraciones urbanas. En el momento de la sanción, 8 aglomeraciones ya estaban en situación de cumplimiento, pero otras 9 seguían vertiendo sus aguas residuales al mar o a los ríos de forma inadecuada: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz), Gijón Este (Asturias), Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Valle de Güimar (Tenerife) y Tarifa (Cádiz).

La sentencia condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones de euros por el retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales de esas nueve aglomeraciones urbanas.

Desde entonces, solo Tarifa ha solucionado sus problemas en su depuradora. Aunque la competencia sobre las aguas residuales es municipal, los retrasos en la aplicación de la Directiva 91/271/CEE, del año 1991, ha hecho que algunos casos sean declarados de interés regional o nacional.

Por este motivo, el Gobierno espera poder trasladar parte de esta sanción a las comunidades y ayuntamientos, informa El País.

Poca inversión en la gestión del agua

La inversión en España por la renovación de sus redes urbanas de agua ha sido también estudiada por la Cátedra Aquae y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que concluyeron en un reciente estudio que las administraciones públicas involucradas en la gestión de este recurso invierten unos 585 millones de euros anuales, entre el 70 y el 80% menos de lo necesario.

Según el informe, publicado el pasado mes de enero, para mantener de forma sostenible estas infraestructuras deberían dedicarse entre 2.221 y 3.858 millones de euros cada año.

Según el inventario de la investigación, España posee en la actualidad 23.789 kilómetros de redes de aducción, 248.245 kilómetros de redes de abastecimiento y 189.203 kilómetros de redes de saneamiento.

Además, cuenta con 1640 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), 2.232 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), 29.305 depósitos y 456 tanques de tormenta.

Con estas cifras, la inversión necesaria para construir nuevas infraestructuras hidráulicas en las ciudades españolas supera los 45.000 millones de euros de aquí a 2033, aunque el estudio no profundiza estos datos "ya que están perfectamente referenciados en los planes hidrológicos de cuenca, elaborados por el Ministerio de Transición Ecológica".