El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) ha cerrado este jueves un acuerdo político sobre el polémico Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo, que busca limitar la llegada de inmigrantes a lo estrictamente necesario para el mercado laboral.

El Pacto, que será aprobado formalmente por la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre, opta por una inmigración selectiva, controlada de acuerdo con las necesidades laborales y la capacidad de integración del país de acogida, con una firmeza total contra los indocumentados y sin regularizaciones masivas.

El texto, respaldado de forma unánime por los 27 países comunitarios, busca dar un nuevo impulso hacia una política común de inmigración y asilo que tenga en cuenta el interés colectivo de la UE, al considerar "imprescindible" que cada Estado miembro tenga en cuenta al resto de la Unión al aprobar sus políticas en la materia.

Objetivos

El Pacto es uno de los principales objetivos de la presidencia francesa de la UE de este semestre y tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.

Entre las medidas que contempla la nueva directiva, la más polémica es la que permite prolongar el periodo de reclusión de los 'sin papeles' hasta un máximo de 18 meses. Antes era 12.

"La Unión Europea no dispone de medios para acoger dignamente a todos los emigrantes que esperan hallar una vida mejor", señala claramente el Pacto. Por ello, indica que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación.

Cada país comunitario determinará las condiciones de admisión a su territorio y fijará el número de inmigrantes que puede acoger, en función de las necesidades del mercado de trabajo.