El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su condena de inhabilitación por desobediencia, argumentando que la sentencia persigue apartarle "ilegal e ilegítimamente" del cargo y constituye una "palmaria persecución política".

En su recurso, presentado este martes ante el Tribunal Supremo, Torra denuncia que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo condenó a año y medio de inhabilitación por negarse a retirar a tiempo los lazos amarillos vulnera hasta once principios legales, entre ellos el derecho a un juez imparcial, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

El presidente catalán solicita al Supremo que, mientras no resuelva su recurso, deje en suspenso los efectos de su condena, entre ellos la pérdida de su condición de diputado, que acordó la Junta Electoral Central (JEC) y avaló la Sala contencioso-administrativa del alto tribunal, aunque puntualiza que no mantener el escaño no le impide seguir al frente del Govern.

Los abogados de Torra, Gonzalo Boye y Isabel Elbal, denuncian en el recurso, que han interpuesto al límite de que expirara el plazo, la "diferencia de trato" que creen que su cliente ha sufrido respecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también fue multado por la JEC aunque en su caso no se ha abierto ninguna causa penal.

Ello obedece, según la defensa, al "grado de inquina" que genera Torra, que no se puede desvincular de sus posiciones políticas e ideológicas, lo que supone una "evidente discriminación" que "salta a la vista", provocada por la "absoluta parcialidad" tanto de los miembros de la JEC como del tribunal que le juzgó y condenó.

Y es que, según alega Torra -que dentro de dos días se entrevistará con Sánchez en el Palau de la Generalitat-, en su caso se ha producido una "palmaria persecución política" en la que ni la JEC ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "no han guardado la más mínima apariencia de imparcialiad".

"Estamos ante decisiones que, revestidas de resoluciones administrativas y judiciales, no han pretendido sino apartar ilegal e ilegítimamente a Torra de los cargos que democráticamente ostenta", expone el recurso, que denuncia que los miembros de la JEC actuaron "animados por su deseo de aniquilar a sus enemigos políticos", aprovechándose de su "infinito poder".

Según el recurso, la "enorme desproporción" de la pena impuesta a Torra, que ya le ha comportado la suspensión de su acta de diputado, no responde sino a la "evidente voluntad" de apartar al presidente catalán de la "vida política".

"En ningún caso unos hechos como los atribuidos a Torra darían lugar, en ninguna sociedad democrática de nuestro entorno, a la pérdida de la condición de diputado o de presidente", alerta el recurso, que sostiene que la condena es "absolutamente excepcional" y "sin parangón" en el entorno europeo.

Tras denunciar la falta de imparcialidad del tribunal que juzgó a Torra, el recurso argumenta que la condena que le impuso el TSJC es una manifestación de la "obcecada voluntad" de la sala de apartarle de su condición de presidente y de diputado, "prescindiendo" para ello de cualquier respaldo jurisprudencial.

Especialmente crítico se muestra con el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que presidió el tribunal que le juzgó y condenó y que aseguró antes de que el caso llegara a la justicia que la orden que había impuesto al JEC para que se retiraran los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral era "tan obvia que no tendría que ser necesaria".

En este sentido, la defensa invoca el caso Otegi, en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no reconocer la parcialidad de la juez de la Audiencia Nacional que condenó al líder abertzale, y se pregunta: "¿Qué va a ocurrir en el supuesto en que nos veamos obligados a recurrir hasta dichas instancias europeas?".

Se da el caso de que el TSJC acordó ayer abrir una nueva investigación a Torra por desoír una orden suya que le obligaba a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los líderes independentistas presos con un lazo amarillo.

El recurso del Parlament cuestiona que pueda seguir de presidente

El recurso del Parlament contra la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, como diputado, elaborado por los letrados de la Cámara catalana, advierte de que hay interpretaciones que cuestionan que el jefe del Ejecutivo pueda seguir en su cargo si ya no es diputado, según refleja el documento.

El texto pide al Tribunal Supremo impugnar la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que deja vacante el escaño de Torra y, entre sus argumentos, avisa de que esta inhabilitación puede afectar a su condición como presidente y deberá aprobarse su presentación.

"La condición de diputado es requisito necesario para ser presidente de la Generalitat y, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido que esta condición no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se desarrolle el cargo. De hecho, esto es lo que demuestra la praxis institucional y parlamentaria seguida hasta ahora en el Parlament", subraya el texto.

Los letrados habían fijado su criterio en cuanto a la situación de Torra en su informe del 13 de enero, que rechaza que la JEC pueda retirar el escaño a Torra y concluye que la pérdida de la condición de diputado no conlleva la pérdida de su condición de presidente.

Varias fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han afirmado que lo que defienden los letrados en el recurso son argumentos jurídicos para defender que Torra no puede perder su escaño por una resolución de la JEC, pero que mantienen el posicionamiento expresado en el informe del 13 de enero que asegura que la pérdida del escaño no conlleva la pérdida de condición de presidente. 

En este sentido, estas fuentes insisten en que la "posición oficial" de los servicios jurídicos del Parlament es el informe que rechaza la resolución de la JEC y defiende que Torra puede ser presidente pese a no ser diputado.

Esto no quiere decir que en el recurso se abran a posibilidades como las planteadas por algunos grupos parlamentarios --Cs y PP-- que sí consideran que la pérdida de una condición conlleva la pérdida de la otra, y lo hacen para alertar de los supuestos que se abren con la inhabilitación como diputado y de que podría generar "inseguridad jurídica".

Así lo recogen en el recurso en el que explican que "el cargo de presidente es un cargo institucional específico, pero no por ello separado del Parlament".

"En un sistema parlamentario, el Parlamento no solo inviste al presidente del Govern, sino que establece a partir de ese acto una relación fiduciaria con él que se refleja en el mantenimiento permanente de la confianza política otorgada y con el ejercicio ordinario de las funciones parlamentarias de control e impulso de la acción de Gobierno", exponen, y añaden que esa relación queda especificada en el Estatut, el Reglamento de la Cámara y la Ley de Presidencia de la Generalitat.

El pleno del Parlament votará este miércoles si presenta un recurso al Tribunal Supremo contra la inhabilitación de Torra como diputado, pero las fuentes ya citadas han asegurado que lo que se votará es la decisión de presentar el recurso y no el texto elaborado por los letrados.