El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado abrir una nueva investigación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desoír una orden suya que le obligaba a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo.

El Supremo da la razón a la Junta Electoral y el inhabilitado Torra no podrá ser diputado

En un auto, la sala civil y penal del TSJC abre una nueva causa al presidente catalán por un delito de desobediencia, al considerar que presuntamente se negó a retirar una pancarta de apoyo a los políticos presos, hasta que lo hicieron los Mossos d'Esquadra por orden del alto tribunal.

Dicha orden fue dictada, como medida cautelar, por la sala contenciosa del TSJC, a raíz de una demanda presentada por la asociación Impulso Ciudadano que pedía que se descolgara la pancarta y el lazo del Palau de forma permanente, no solo en período electoral.

Esta es la segunda causa que la justicia abre al presidente catalán por negarse a retirar símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos, después de la que el pasado mes de diciembre le acarreó una condena a año y medio de inhabilitación, en una sentencia que todavía no es firme.

A raíz de una demanda de Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo, la sala contenciosa del TSJC ordenó el pasado 20 de septiembre a Torra que retirara la pancarta, con el lema "Libertad presos políticos y exiliados" y flanqueada con un lazo amarillo, al considerar que debe garantizarse la "neutralidad institucional" del edificio.

El presidente de la Generalitat, no obstante, desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d'Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau "de forma inmediata".

Según mantiene el TSJC en su auto, Torra "se negó a hacerlo o a dar las instrucciones para que se cumpliera el mandato judicial", de forma que el 27 de septiembre la pancarta seguía en la fachada, y fue el comisario general del cuerpo de Mossos d'Esquadra quien la retiró por orden del tribunal, "dos días después de que se produjera el requerimiento judicial".

Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".

La sala civil y penal ha resuelto abrir la nueva investigación a Torra, después de que tanto la Fiscalía, como Impulso Ciudadano y la Generalitat hayan reconocido su competencia para hacerlo.

A raíz de la condena del TSJC a Torra por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos, pendiente de ser ratificada por el Supremo, el árbitro electoral acordó retirarle la credencial de diputado del Parlament, lo que la semana pasada provocó una crisis entre JxCat y ERC que llevó al presidente catalán a anunciar la convocatoria de elecciones una vez se aprueben los presupuestos de la Generalitat.

Torra dice que el Estado "tiene un problema" con la libertad de expresión

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que el "nuevo ataque judicial" demuestra que el Estado tiene un problema con la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales porque "el problema no era el periodo electoral ni la neutralidad de las instituciones en campaña electoral".

A través de un comunicado, Torra se ha referido de este modo a la decisión del TSJC de abrir causa penal contra él por desobediencia por no sacar la pancarta en favor de los presos del Palau de la Generalitat en septiembre. Torra ha denunciado una causa "guiada por la venganza y la ideología" que, según ha dicho, "aleja más a la justicia española de los estándares europeos".

El presidente de la Generalitat ya fue juzgado por no retirar esta pancarta, pero en este caso en periodo electoral, y fue condenado en un año y medio de inhabilitación.

El presidente Torra ha defendido su "coherencia y honestidad" en la defensa de la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos y, por eso, ha argumentado que no retiró la pancarta hasta que se presentaron los Mossos a hacerlo por orden judicial.

Según el presidente de la Generalitat, los tribunales de justicia continúan "su causa general contra el independentismo motivada por razones políticas" y ha puesto de relieve que en este caso se obligaba a retirar la pancarta del balcón de la Generalitat "a todos los efectos y permanentemente".