En un comunicado, el Ayuntamiento de Carmona defiende que el conflicto deriva de "una deficiente recepción de la tercera fase de las obras de urbanización*de la zona, realizada por en 2008 con el anterior gobierno del PSOE". "Esta deficiente recepción ha sido la causa de las distintas reclamaciones vecinales y posteriores sentencias y resoluciones judiciales", esgrime el Ejecutivo local del PP, asegurando su "predisposición a revertir esta situación y a cumplir con las sentencias" recaídas sobre el asunto.

Mientras el Ayuntamiento fue condenado en 2013 a acometer el cierre de la urbanización; el tratamiento de cunetas y contención de tierras de fincas colindantes; el cierre de caminos y la cancelación de servidumbres o desafectación de las vías pecuarias que atraviesan la urbanización; la ejecución del vial de acceso a la urbanización paralelo a la carretera Mairena-Brenes; la canalización o tratamiento del cauce del arroyo; la delimitación y vallado de la parcela de la depuradora y la reparación y finalización de las obras emprendidas en fases anteriores, el Consistorio alega el "reciente inicio de las obras de reparación en calzadas y acerados, que era una de las medidas" ordenadas por el TSJA.

Respecto a otras obras como el encauzamiento de un arroyo, el cierre completo de la urbanización y el consiguiente desvío de caminos rurales o la construcción de rotonda y de vial paralelo a la carretera de Brenes, el Ayuntamiento asegura que ya ha "iniciado los trámites para su ejecución, si bien en algunos casos dependen de la intervención de otras administraciones o necesitan procedimientos como expropiaciones de terrenos que requieren el cumplimiento de plazos administrativos".

"La citada obra de reparación ya comenzada y las restantes actuaciones en La Celada están recogidas en un plan de etapas aprobado por el Ayuntamiento y remitido al juzgado para su conocimiento", defiende el Gobierno local, asegurando que ha "trasladado en todo momento esta información a los representantes legales de La Celada".