El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la jueza de Lugo Pilar de Lara, que investiga varios casos de corrupción en Galicia como el de Pokemon, de paralizar cautelarmente la sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial de siete meses de suspensión mientras resuelve su recurso.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso a la magistrada siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de "desatención o retrasos injustificados en la instrucción" y por tomar decisiones que, con "manifiesto abuso procesal", causaban ficticios incrementos del volumen de trabajo.

Aunque ella culpó a los funcionarios del Juzgado, el órgano de gobierno de los jueces concluyó con dicha sanción el expediente. La jueza recurrió al Supremo cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado en un auto rechazar la suspensión cautelar de la sanción mientras resuelve su recurso.

La jueza alegó "graves prejuicios familiares"

La magistrada alegó que la sanción implicaba la pérdida de destino y con ello graves perjuicios personales y familiares. El Supremo fundamenta que "ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la Administración de justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia".

Respecto a los supuestos perjuicios derivados de la pérdida de destino, el Tribunal destaca que nada impide que una hipotética sentencia favorable le restituya en el Juzgado en el que ahora desempeña sus funciones.

"No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales", concluye el auto.

La magistrada recurrirá la negativa del Supremo

La jueza presentará un recurso ante la negativa del Tribunal Supremo a suspender cautelarmente la sanción que lleva aparejada la pérdida de destino por parte de la magistrada.

Así lo ha confirmado Efe el abogado Agustin Azparren, letrado que ha defendido a la jueza Pilar de Lara en el proceso disciplinario. Ha explicado que la defensa aún tiene la posibilidad de recurrir esa resolución ante el Supremo, además de confirmar que, en este momento, dispone de nueva documentación, pruebas de las que carecía cuando presentó el primer recurso, cuya resolución acaba de conocerse.

En relación con la resolución del Tribunal Supremo que hoy se ha conocido, el letrado ha dicho que “las estadísticas” ya eran “muy negativas” para los intereses de la magistrada, “porque en treinta años” solo fueron estimadas “dos” solicitudes de suspensión cautelar de sanciones impuestas por el Consejo General del Poder Judicial.

Ha reconocido que “había ciertas posibilidades” por las “peculiaridades” y las “circunstancias excepcionales de este caso”, pero también ha apuntado que lo sucedido es lo que normalmente ocurre con este tipo de recursos.