La Oficina del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha publicado un comunicado en el que amenaza con "ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal", por las presiones de quienes le acusan de un delito de usurpación de funciones públicas por no haber dimitido tras la decisión de la Junta Electoral y por las presiones "a las cuales se pretende someter al presidente del Parlament".

"Se está llegando a límites insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y, específicamente, con el Código Penal", señala el texto, que recuerda que "aquel quien, sin estar autorizado legítimamente, obligue otro a realizar lo que no quiere, sea justo o injusto, estará incurriendo en un presunto delito de coacciones". 

El comunicado también afirma que "la condición de diputado del Parlament de Catalunya del presidente de la Generalitat tan solo le puede ser revocada, en caso de que exista sentencia firme, por el propio Parlament". 

Y continúa: "Sin duda, la decisión de un órgano administrativo, incompetente para dictar la resolución por la cual se le quiere privar de esta condición, no es nada más que una anomalía democrática que genera un conflicto institucional que excede el ámbito del propio Parlament de Cataluña".

También apunta que "el presidente de la Generalitat cuenta con toda la legitimidad democrática para seguir ejerciendo el cargo para el cual fue escogido" y que, por lo tanto, "atribuirle la posible comisión de un delito de usurpación de funciones públicas no solo demuestra una ignorancia profunda del derecho penal, sino que se esgrime para coaccionar a aquellos quienes defienden la soberanía del Parlament". 

Torra, asegura el texto, "no dudará tampoco a la hora de ejercer las acciones legales oportunas en caso de que persistan estas acciones, que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias y/o injurias".