El magistrado andaluz Juan Carlos Campo asumirá la cartera de Justicia tras más de tres décadas dedicadas a la judicatura y a la gestión, una carrera en la que ha compaginado los tribunales con cargos políticos en la Junta de Andalucía y el Gobierno central, de la mano del PSOE.

Campo, nacido en Osuna (Sevilla) en 1961, ha sido diputado en el Congreso por Cádiz, su provincia de adopción, desde 2015 y en las tres últimas legislaturas se ha hecho cargo de la portavocía de Justicia del grupo parlamentario socialista.

Exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado diciembre ganó por concurso una plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque no se incorporará a ella.

El cargo de ministro no será su primera experiencia en el Gobierno, ya que fue secretario de Estado de Justicia entre 2009 y 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa y Francisco Caamaño como ministro.

Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Sevilla, Campo accedió a la carrera judicial en 1987 y en 1989 ascendió a magistrado, ejerciendo en juzgados de la provincia de Cádiz hasta llegar a la Audiencia Provincial en 1991.

En 1997 fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía y entre 2001 y 2008 dio el salto a Madrid como vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.

Tras el acuerdo alcanzado para la renovación del órgano de gobierno de los jueces en septiembre de 2008 cesó como vocal y volvió como magistrado a la Audiencia Provincial de Cádiz, destino que abandonó al poco tiempo al ser nombrado secretario de Estado de Justicia en febrero de 2009.

Campo se mantuvo al frente de esa Secretaría hasta la victoria del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011.

Fue propuesto en 2010 por el Parlamento de Andalucía para cubrir una de las vacantes de magistrado en el Tribunal Constitucional en la renovación que se abordó en 2013, pero la Mesa del Senado descartó su candidatura, así como la del magistrado Enrique López, que propugnaba el PP.

Doctor en Derecho, profesor universitario y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia, a finales del año pasado recibió de manos del Consejo General de los Procuradores el premio "Excelencia y calidad en la Justicia".

Como portavoz del área de Justicia del PSOE en el Congreso apoyó la derogación de la prisión permanente revisable y se opuso a reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ que propugnaban el PP y Ciudadanos.

En un debate entre portavoces de Justicia organizado por la Abogacía previo a las elecciones del pasado noviembre, hizo un alegato por el consenso y el diálogo ante la actual fragmentación parlamentaria.

"Hace falta el consenso de todos; no podemos estar, y ahora menos que nunca, sujetos a mayorías parlamentarias", subrayó Campo augurando la dispersión de los votos y la conformación de numerosos grupos parlamentarios diversos.

En sus manos está ahora restablecer los lazos con la carrera judicial y fiscal, que protagonizaron sendas huelgas a sus antecesores en el cargo Dolores Delgado (PSOE) y Rafael Catalá (PP), e intentar forjar difíciles acuerdos parlamentarios con los populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial y a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Sus retos

Entre los retos que tendrá el nuevo titular de Justicia estará fijar la posición de la Abogacía del Estado, dependiente de este departamento, en las causas que siguen abiertas respecto al proceso independentista en Cataluña. La primera es el juicio al exjefe de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero, que se sentará en el banquillo este mismo mes de enero.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá juzgar a los exmiembros de la Mesa del Parlamento de esta comunidad que no estaban incluidos en el sumario del 'procés', como sí sucedió con Carme Forcadell.

Asimismo, el juzgado 13 de Barcelona tiene abierto otro sumario por la organización del referéndum ilegal del 1-O y los costes que ellos conllevó para la Administración catalana.

Es previsible que este ministro, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tenga que hacer frente a la propuesta de un nuevo fiscal general del Estado, en tanto que María José Segarra es cuestionada por los partidos independentistas catalanes. Aunque Segarra llegó al cargo el 29 de junio de 2018 y podría estar hasta cuatro años, cuando hay cambio de Gobierno el nuevo Ejecutivo tiene la potestad de proponer un relevo al frente de esta institución.

El sustituto de Delgado también deberá pilotar, junto al grupo del PSOE en el Congreso y el Senado, los procesos de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional que requieren un amplio consenso parlamentario. El primero terminó su actual mandato en diciembre de 2018 y 4 de los 12 magistrados del Constitucional acabaron el suyo en noviembre pasado.

En cuanto a modificaciones legislativas, durante los pasados meses el PSOE planteó reformar la memoria histórica para castigar la apología del franquismo. Al mismo tiempo, tanto los socialistas como Podemos han situado como prioridad modificar el Código Penal para incluir el llamado 'sólo sí es sí' en las relaciones sexuales.