Sánchez frena la "urgencia" de Junqueras con la Abogacía: alarga hasta el 2 de enero su plazo para alegaciones

El exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, durante su intervención ante el Trubunal Supremo, en la última jornada del juicio del procés.
Oriol Junqueras, durante su intervención ante el Tribunal Supremo, en el juicio del procés.
TS
El exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, durante su intervención ante el Trubunal Supremo, en la última jornada del juicio del procés.
Oriol Junqueras, durante su intervención ante el Tribunal Supremo, en el juicio del procés.
TS

El Gobierno no parece tener intención de pronunciarse antes de fin de año sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoció la inmunidad de Oriol Junqueras. Así lo ha apuntado este jueves la ministra de Defensa en funciones, Magarita Robles, en una entrevista en la que ha apuntado que "el plazo termina el día 2 [de enero]" y ha avisado "como jurista" que "los plazos pueden apurarse hasta el final". Esa posibilidad tiene dos consecuencias políticas. Por una parte, retrasa de nuevo la fecha de la investidura que depende de ERC a quien, por otro lado, presiona porque, frente a lo que pidió Junqueras, retrasa una decisión sobre su puesta en libertad.

El informe de la Abogacía del Estado que se esperaba ya para el lunes 23 de diciembre podría retrasarse más allá de Navidad hasta llegar al año 2020. Este baile de fechas podría tener implicaciones en la investidura de Pedro Sánchez. Una vez descartado que pueda ser el 30 de diciembre -en cuyo caso el Pleno debería empezar el 27 de diciembre, pero un día antes no se ha convocado-, la siguiente opción era una sesión que empezara el 2 de enero y terminara el 5, en la víspera de Reyes.

Si el Gobierno apura el plazo y la Abogacía no presenta hasta el 2 de enero unas alegaciones de las que depende que ERC quiera cerrar su acuerdo con el PSOE para abstenerse, resulta difícil pensar que ese mismo día pueda empezar el Pleno de investidura.

El fin del plazo el 2 de enero supone que, debido a las fechas de Navidad, los cinco días hábiles que el pasado 19 de diciembre el Tribunal Supremo dio a las partes para presentar alegaciones se prolongará durante 13 días naturales. En todo caso, algunas partes no tardaron ni un día en presentar alegaciones. Es el caso de la Fiscalía, que el mismo día que salió la sentencia europea instó al Supremo a mantener a Junqueras en la cárcel y su inhabilitación.

Urgencia de Junqueras

El calendario de días inhábiles del Poder Judicial indica que e 24 y el 31 de diciembre son días hábiles, pero fuentes del Gobierno explican que no lo son y que por eso el plazo ordinario para presentar alegaciones termina el 2. No obstante, la defensa de Junqueras presentó sus alegaciones -libertad inmediata y anulación del juicio- el 24 de diciembre, Nochebuena, por la mañana.

Por la naturaleza de sus peticiones, Junqueras tiene urgencia por que el Supremo falle sobre la sentencia europea y que el Gobierno esté dispuesto a apurar el plazo hasta el 2 de enero iría en contra de sus intereses. Así, en el escrito de alegaciones, su abogado, Andreu Van den Eyden, pedía "una tramitación URGENTE" (sic) y pedía al Tribunal que si antes de cumplir el plazo contaba ya con las respuestas de todas las partes, resuelva "a la mayor brevedad incluso sin esperar al cumplimiento de dicho plazo".

En todo caso, fuentes del Supremo han señalado que el tribunal no tomará una decisión hasta, al menos, el 3 de enero.

Clave en la investidura

La opinión de la Abogacía del Estado  -órgano dependiente del Ministerio de Justicia- se ha convertido en la clave para que ERC se avenga a allanar la investidura de Sánchez. Según su portavoz, Marta Vilalta, al acuerdo entre ambos sobre cómo articular una solución "política" a la "crisis política de Cataluña" solo le quedan unos "flecos". Pero los independentistas solo darán el sí -la abstención- cuando sepan qué defiende el Gobierno, a través de la Abogacía, sobre cómo debería aplicarse la sentencia europea que el jueves pasado determinó que Junqueras adquirió la inmunidad tras ser elegido eurodiputado, incluso aunque no recogió su acta, algo que, según el fallo, el Supremo debería haber permitido dejándolo en libertad para ello.

En su momento, en el mes de junio, la Abogacía del Estado ya se mostró favorable a que el líder de ERC pudiera salir de prisión provisional para recoger su acta. Sin embargo, el fallo del Tribunal de Luxemburgo llega una vez que ya hay una sentencia firme contra Junqueras por organizar el 1-O, de 13 años de cárcel.

En este sentido, ERC espera que el Gobierno se pronuncie en su misma línea, pidiendo la libertad para Junqueras y la anulación del juicio contra el procés, que el Gobierno mantiene que no debe verse afectado en cumplimiento de la sentencia del tribunal europeo.

A pesar de la incidencia que el escrito de la Abogacía tendrá en la investidura de Sánchez, Robles ha asegurado que no existe ninguna "explicación política" al hecho de que todavía no se haya pronunciado.

La titular de Defensa ha hablado este jueves en nombre del Gobierno para señalar que "la prudencia a la hora de estudiar las cosas es muy valorable". "Con el máximo respeto a la Fiscalía, yo creo que la prudencia en la presentación de escritos en el ámbito del derecho es muy importante", ha recalcado. 

Los que ya se han pronunciado

Fiscalía. Fue la primera de las partes en reaccionar, el mismo día de la sentencia europea. Pide que Junqueras siga en prisión y que se le inhabilite.

Vox. Personado como acusación popular, el 23 de diciembre pidió al Supremo que Junqueras continúe en prisión y se declare su inhabilitación.

Junqueras. Su defensa remitió un escrito alSupremo el 24 de diciembre pidiendo la liberación "inmediata" y la anulación del jucio del procés.

Supremo. Pese a la petición de Junqueras e independientemente de la Abogacía, no decidirá hasta año nuevo. Podría hacerlo el 2, prorrogarlo 24 horas más o, incluso, después del 3 de enero.

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