La justicia y la política han demostrado este lunes que circulan a distinta velocidad. Por una parte, la Fiscalía ha continuado su ofensiva contra los efectos positivos de la sentencia del Tribunal de la UE para los políticos independentistas mientras que la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, sigue sin aclarar su posición ante el Supremo.

La Fiscalía ha pedido al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont, al que el viernes pasado se le concedió una acreditación provisional como eurodiputado. En dos escritos al Supremo, ha solicitado al juez Pablo Llarena que no suspenda la euroorden contra el expresidente catalán y se ha opuesto a la anulación de la sentencia que ya piden Junqueras, el exconseller Raül Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. "La inmunidad no puede convertirse en refugio generador de impunidad", ha aseverado.

Estas peticiones de la Fiscalía se suman a la rapidez con la que ya actuó la semana pasada ante el Supremo. El mismo día en que se conoció el fallo de Luxemburgo –que reconoció la inmunidad a Junqueras tras ser elegido eurodiputado, aun sin recoger su acta–, alegó ante el Alto Tribunal que el líder de ERC debe permanecer en prisión y ser inhabilitado. Respondía así a la petición que el Supremo solicitó a las partes sobre cómo proceder tras la sentencia de Luxemburgo. También tiene que hacerlo la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que este lunes ha agotado un día más del plazo de cinco para dar una respuesta sobre qué efectos puede tener la sentencia del Tribunal de la UE.

El Supremo tomará una decisión una vez estudiadas todas las alegaciones. Incluidas la de la Fiscalía y la de la Abogacía cuya respuesta, en un plano puramente político, se ha convertido en la clave para la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno ha insistido este lunes en que "hay tiempo" para que se pronuncie. Pero cuanto más se retrase el informe de la Abogacía, más tardará en despejarse la fecha de la investidura.

Negociación PSOE-ERC

Hasta que ERC no sepa qué defiende ante el Supremo, no retomará formalmente la negociación con el PSOE que congeló el jueves pasado, aunque ayer su portavoz, Marta Vilalta, ha reconocido que han continuado "contactos más discretos" con los socialistas. Para ERC, el fallo de Luxemburgo significa que "no hubo un juicio justo" y esperan de la Abogacía que "cumpla o que haga cumplir la sentencia". 

Según Vilalta, debe defender en nombre del Gobierno que "se libere a Junqueras porque se le reconoce inmunidad y se anule todo lo que ha pasado desde entonces", incluida la sentencia por el 1-O que le condenó a 13 años de cárcel. Cuando eso ocurra, ha dicho Vilalta, "nos plantearemos si convocamos una nueva reunión [con el PSOE] y si vale la pena seguir trabajando este acuerdo para activar la vía política».

Mientras, la fecha de la investidura sigue sin aclararse. Este lunes, el Congreso ha habilitado como días de Pleno el viernes, sábado, domigo y lunes para este mes de diciembre, lo que apuntalaría la hipótesis de una sesión que empezara el 27 de diciembre, y terminara con la investidura el 30.

Pero en esa decisión no se excluye que pueda ser más tarde, quizá el 5 de enero como ha empezado a apuntarse. ERC no pondría impedimento. "No dependerá de cuando nos vaya bien, no es una cuestión de fechas, sino de lo que hayamos podido acordar", ha dicho Vilalta.l

ERC y los informes al Supremo

Tribunal Supremo. Dio cinco días a las partes para que presenten alegaciones sobre cómo proceder tras la sentencia del Tribunal de la UE que reconoció la inmunidad de Junqueras por el mero hecho de haber sido elegido eurodiputado. Con sus opiniones, decidirá a principios de enero.

Fiscalía. Se apresuró a pedir que Junqueras siga en prisión y se le inhabilite como eurodiputado. Este lunes ha añadido que no cabe anular el juicio contra el procés y ha arremetido contra Carles Puigdemont, beneficario indirecto de la sentencia de Junqueras, al pedir al Supremo que no retire la euroorden y al Parlamento Europeo, que le retire la acreditación.

Abogacía del Estado. En junio apostó por permitir que Junqueras recogiera el acta de eurodiputado pero todavía no se ha manifestado sobre el escenario que deja la sentencia de Luxemburgo, una vez que ya hay condena firme por el 1-O.De su respuesta depende que ERC facilite la investidura.