María Dolores Rosales es una mujer de 91 años de edad que se encuentra ahora en pleno proceso judicial para determinar si prospera su desahucio de la vivienda que es su hogar desde 1937, cuando era sólo una niña.

El alquiler que pagaba Dolores por su vivienda, un antiguo edificio en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife ha sido durante años una renta antigua; sin embargo, un fondo de inversión tinerfeño ha adquirido el inmueble y, además de desentenderse del mantenimiento le ha pedido no solo actualizar la renta, sino además abonar unos 11.000 euros en concepto de tasa de Basura, de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y de renta, lo que no constaba en ningún contrato debido a su antigüedad.

Este martes, Dolores ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados, en un juicio en el que la acusación le exige el abono de las cantidades que defienden que la anciana debe.

Según la defensa, Dolores ya ha pagado lo que debía y el fin último de la demanda es especulativo.

Los actuales propietarios argumentan que la mujer no ha pagado el alquiler en los últimos 20 años, ni cuando se le actualizó el alquiler y los gastos correspondientes a la vivienda. Igualmente, aducen que el estado en el que se encuentra la finca supone un riesgo para Dolores.

Precisamente, en este sentido, el Consistorio de Santa Cruz afirmó cuando se emitió el aviso que no puede "impedir un desahucio de una vivienda cuyas condiciones supongan un riesgo para las personas que habitan en ella.