La mayor parte de los contratos de luz y gas suelen ser de un año de duración prorrogable, si ninguna de las partes comunica lo contrario. "Lo que suele suceder es que cuando se va a cumplir el primer año, y dentro del plazo marcado en el contrato -generalmente quince días o un mes-, la comercializadora sube los precios. En ocasiones envía una carta para comunicarlo aunque no siempre es así", ha explicado en un comunicado.

Irache ha destacado que en ocasiones "los aumentos son notables y el precio del kilovatio hora cambia de 0,13 euros a 0,19 euros, por ejemplo".

La asociación ha indicado que en muchas de las cartas informativas "solo se informa de las nuevas condiciones pero no se explica al consumidor que puede rescindir el contrato sin penalización alguna", lo que "hace que muchas personas no se paren a pensar en el encarecimiento que suponen las nuevas condiciones y en la posibilidad de cambiar de compañía". "Si el cliente no comunica la rescisión de su contrato, se entiende que acepta los nuevos precios y condiciones, que se le aplicarán en cuanto se cumpla el plazo anunciado, como indican las condiciones generales de algunos contratos", ha explicado.

Irache ha destacado que estas modificaciones no solo suponen una subida del precio de la energía o de la potencia sino que en ocasiones en el nuevo contrato se añaden productos vinculados que antes no había que, en alguna ocasión de forma conjunta "pueden suponer pagar doscientos euros más al año".

En estos casos la única opción que tiene el consumidor es dejar la compañía, contratar con otra del mercado libre o, si lo prefiere, volver a solicitar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. En este caso, ha criticado que, cuando el usuario lo comunica, "en ocasiones le ponen dificultades" o "le adviertan de que tiene que hacer frente a una penalización, aunque no debería ser así".

Al respecto, ha resaltado que para cobrar una penalización, que suele rondar generalmente los 90 euros, "ésta ha debido ser aceptada expresamente por el consumidor al contratar" y "debería ser proporcional al tiempo de permanencia pactado que quede por cumplir". Pero si el consumidor quiere irse debido a un cambio en las condiciones, "no deben aplicarle penalización alguna", ha apuntado.

Las condiciones generales de algunos contratos de luz o gas hablan de una penalización y de la devolución de todos los descuentos ya aplicados durante la vigencia del contrato. Lo que, para Irache, supone "una doble penalización de una legalidad muy discutible".

Otras dificultades que ponen las empresas es "pedir mucha documentación, no siempre necesaria", para poder tramitar el paso a la tarifa pública.

Por otro lado, la asociación de consumidores ha destacado que, tras aprobarse la prohibición de realizar contratos de luz y gas puerta a puerta, "se han multiplicado las llamadas telefónicas para ofrecer contratos de luz y gas". Un forma de comercialización que "tampoco destaca por su transparencia", ha opinado.

En estos casos, "aunque en principio se debería facilitar la confirmación del contrato en un soporte duradero y en un plazo razonable, no suele ser así", ha criticado.