Fenadismer, junto con el resto de organizaciones de transportistas que integran el Comité Nacional de Transport per Carretera, han acordado por unanimidad emprender acciones penales contra "los responsables" de los cortes de carreteras a raíz de la sentencia del 'procés', especialmente el de la AP-7 en la frontera convocado por Tsunami Democràtic. 

Las asociaciones de transportistas consideran "intolerable" en "una sociedad civilizada" la "pasividad de las autoridades permitiendo los bloqueos". 

En este sentido, hacen una llamada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y a la Generalitat para impedir que estas situaciones se vuelvan a repetir y garantizar "el libre tráfico de personas y mercancías por todo el territorio de Cataluña". 

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En un comunicado conjunto, las asociaciones recuerdan que desde que se hizo pública la sentencia, el 14 de octubre, las principales carreteras catalanas se han visto afectadas por numerosos bloqueos "provocando gravísimos perjuicios en la actividad del transporte por carretera y, en consecuencia, en la actividad económica nacional". 

En este sentido, añaden, "han sido especialmente significativos y preocupantes los sucesivos cortes indiscriminados que han afectado a la autopista AP-7 en diferentes puntos de la vía, especialmente, en la frontera de La Jonquera, que en algunos casos han sido de más de 30 horas". 

Fenadismer remarca que esta vía "vertebra" toda la comunidad autónoma y es "la conexión principal" con el resto de la Unión Europea para las exportaciones españolas y que por ella transitan más de 20.000 transportistas al día. 

Los transportistas recuerda que han criticado reiteradamente "la actitud pasiva y de connivencia" que, a su parecer, ha mantenido el Govern catalán con las movilizaciones. Una situación que, dicen, se ha traducido en "la falta de actuación" por parte de las fuerzas de seguridad autonómicas para "impedirlas, a pesar de tener la competencia en materia de circulación y de seguridad en las carreteras catalanas". 

Las asociaciones remarcan que todo ello ha provocado "gravísimos perjuicios económicos" a miles de empresas, en su mayoría transportistas autónomos y pequeñas empresas familiares". Por eso, han acordado este miércoles en un pleno impulsar "las acciones penales necesarias" contra los responsables de los cortes y hacer una llamada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y de la Generalitat para que adopten las medidas que sean necesarias para "asegurar el libre tráfico de personas y mercancías".