En un comunicado, el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, ha señalado nuevamente la investigación del brote de listeriosis derivado de la carne mechada de la empresa Magrudis contaminada con dicha bacteria, un episodio epidémico que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias mujeres embarazadas también afectadas.

Al respecto, el Juzgado de Istrucción número 10 de Sevilla mantiene en prisión al gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y a su hijo y administrador único de la empresa, Sandro Marín Rodríguez, por un presunto delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave.

En ese contexto, Beltrán Pérez recordaba este mismo jueves que el PP ya había avisado de que este caso había puesto de relieve "clamorosos fallos y agujeros negros" por parte del Ayuntamiento, rememorando de nuevo tal aviso.

Y es que más allá de que Magrudis comenzase a funcionar en 2013 sin contar con autorizaciones y no se diese de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, sin autorización municipal porque hasta 2018 no presentó una declaración responsable para intentar regularizar su actividad, un expediente sancionador incoado el 30 de agosto contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto no pocas incidencias.

LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

En el citado expediente sancionador, recogido por Europa Press, se detallan aspectos como que los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica "no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica", toda vez que al no ser descrita la "capacidad de producción" de la empresa no era inicialmente posible determinar si procedía el trámite de la "auto calificación" de la declaración responsable u "otros instrumentos ambientales diferentes" como la autorización ambiental unificada o la calificación ambiental expresa.

"En cualquier caso, al disponer de una superficie total construida superior a 300 metros cuadrados, (...) resultaría necesario obtener, previamente a la presentación de la declaración responsable, una calificación ambiental expresa", se advierte en el expediente, según el cual también procedía una evaluación de impacto sobre la salud y una valoración sobre tal aspecto que "no se presenta" en el caso de Magrudis, toda vez que media además un "grave error de concepto" en la documentación presentada, al definir como "inocua" la actividad o no detallar "el proceso productivo", entre otros aspectos que llevaron a que el 28 de agosto de este año, después de surgir el brote epidémico, el Ayuntamiento determinase que esta declaración responsable no había "surtido efecto".

"AGUJEROS NEGROS"

Al respecto, el portavoz del PP ha asegurado este viernes que la investigación de la Guardia Civil refleja que "el Ayuntamiento no dispone de capacidad para frenar las grietas del fraude por el que se coló Magrudis", acusando al Gobierno local del socialista Juan Espadas de "desatender clamorosamente las políticas de control alimentario, salud y consumo".

En ese sentido, tras concluir la Guardia Civil su investigación y pedir Facua la imputación de un responsable municipal cuya identidad no ha trascendido, Pérez ha mostrado "el respaldo del PP a los trabajadores municipales afectados por una clamorosa falta de recursos humanos y materiales", reclamando al alcalde que "no se escude en la escasa plantilla formada por unos magníficos profesionales".

"Se aprecia una clara culpa in vigilando del Gobierno de la ciudad, de un alcalde que no hizo nada por frenar los casos de fraude en cuanto a la realización de actividades relacionadas con el consumo sin ningún tipo de control, y que esa culpa in vigilando le señala claramente a él y a su gobierno de la crisis alimentaria", asevera, reprochando al Gobierno local que no haya hecho "absolutamente nada" para corregir las incidencias en materia de control reveladas a cuenta de este caso. "Sevilla no está preparada para frenar el fraude y para evitar que más Magrudis vuelvan a ocurrir, por la desatención del gobierno municipal", ha alertado una vez más.