Se calcula que la presunta estafa afecta a cerca de 40 personas. El presidente del colectivo en Málaga, Manuel Sánchez, considera que estos hechos pueden ser constitutivos de delito. La mayoría de ellos han abonado 6.000 euros como primer pago del contrato, aunque algunos han desembolsado hasta 180.000 euros.

La venta de las parcelas se inició en 2004 por parte de un particular que, según Facua, nunca ha sido titular registral de la finca. Sin embargo, propuso al Ayuntamiento de Álora la firma de un convenio urbanístico para la recalificación de la finca, iniciativa aprobada en pleno en 2006, aunque finalmente no se llevó a cabo.

En el nuevo PGOU sigue como rústico

El nuevo avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Álora, en fase de redacción para su aprobación inicial, mantiene la calificación de suelo rústico de la finca, denominada Quebradero. Los contratos suscritos por los afectados establecían que se procedería a la firma de la escritura pública de los terrenos una vez que se aprobara el convenio para la recalificación del suelo y el Ayuntamiento autorizara la edificación en las parcelas.

El particular que vendió los terrenos falleció a principios de año, lo que generó una "alarma importante" entre los afectados. Según Facua, han detectado la creación de un "pequeño" entramado de sociedades que se van sucediendo y una situación "bastante confusa" en el desarrollo de la acción comercial.

Según la abogada de Facua, Susana Ranea, la demanda de los afectados es que el Ayuntamiento recalifique las parcelas en la aprobación definitiva del PGOU como suelo urbanizable. El Ayuntamiento se propone que que el municipio crezca en la dirección en la que se encuentran la finca, por lo que sería posible incluir la catalogación de suelo urbanizable a estos terrenos, asegura.

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