Así lo ha hecho a través del escrito de acusación correspondiente a la pieza separada número 10 de la citada operación, sobre los principales responsables de los clubs de alterne Queens y Colina, que ha sido entregada esta semana en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo.

El fiscal solicita la apertura de juicio oral tanto contra estos dos acusados como contra G.P.S., colaboradora de ambos para localizar a mujeres brasileñas en situación precaria para ejercer la prostitución en estos dos locales, situados en la ciudad e Lugo.

En concreto, ella contactaba con dos empleados de la empresa City Tour para organizar los viajes a España de las mujeres captadas, que inmediatamente contraían una deuda de cerca de 3.000 euros que debían resarcir como trabajadoras sexuales en los mencionados clubs hasta el pago total de la misma.

Los dos principales acusados creaban un ambiente de violencia y temor para conseguir que las mujeres permaneciesen trabajando en sus locales, llegando a portar armas y amenazarlas. De hecho, compelían a la mayor parte de ellas al abono de los gastos ocasionados por su entrada en el país por una cantidad superior al coste real, un importe que se iba incrementando con los costes de alojamiento y manutención.

Los dos acusados se beneficiaban de las ganancias que obtenían las mujeres a través de la prostitución, que trabajaban bajo las condiciones de horarios y precios impuestas por ellos, carecían de cualquier derecho a su actividad y estaban sometidas a una serie de normas no escritas, como multas aleatorias por llegar tarde.

Ante la dureza de las condiciones, que carecían de libertad sobre el desempeño de sus servicios, varias de las afectadas se iniciaron en el consumo de droga para llevar la situación.

Estos hechos y otros relatados en el escrito de la acusación son constitutivos de delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, prostitución coactiva (54 delitos cada uno de los acusados), contra los derechos de los trabajadores, amenazas, tenencia ilícita de armas, y contra la salud pública.

En concreto, J.M.G.A se enfrenta a una pena de más 250 años de cárcel, J.M.P.N a más de 225 años, y G.P.S. a más de cinco años de prisión.

El fiscal, a su vez, decidió no acusar a las personas que alquilaron los locales a los acusados y a algunos agentes de la Policía Local, entre otros.