La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto expediente sancionador al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por vulnerar la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral en el caso de la entrevista que concedió al programa "Al Rojo Vivo" el pasado viernes 25 de octubre.

Según el dictamen del organismo, comunicado este miércoles, Sánchez efectuó manifestaciones "con connotación electoralista" en la citada entrevista y posteriormente colgó en la web de Moncloa la transcripción de la misma.

El árbitro electoral, según consta en el texto del acuerdo, considera que las afirmaciones del presidente y del candidato del PSOE en los comicios del 10N vulneran el artículo 50.2 de la Ley Electoral porque se hace la entrevista mediante "medios institucionales" y "singularmente" porque se difunde la misma en la web de Presidencia del Gobierno.

Influye en la decisión de la JEC, según reconoce, que en un acuerdo del 17 de octubre se advirtió a los miembros del Gobierno en funciones que se abstuvieran de hacer declaraciones electoralistas porque, si no, les abrirían procedimiento sancionador. 

La Junta, sin embargo, desestima la reclamación que se hizo por la Declaración Institucional que hizo Sánchez con motivo de la exhumación de Franco porque "no se aprecia en su contenido una campaña de logros con connotaciones electoralistas que persigan la movilización del voto en favor de una formación política determinada, máxime teniendo en cuenta la concisión y comedimiento con que ha sido efectuada y que en ella se alude a la exhumación como el resultado de decisiones provenientes de los tres poderes del Estado".

Celaá, también expedientada

Asimismo, la Junta ha decidido incoar otro expediente sancionador a la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, por hacer electoralismo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros al presentar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) también el pasado 25 de octubre.

Europa Press

Según la JEC, las manifestaciones de Celaá se efectuaron antes de dar cuenta del contenido de los acuerdos del Consejo de Ministros, "con lo que de ningún modo cabe pensar que fuesen el resultado espontáneo de las preguntas formuladas por los periodistas, sino más bien que se trata de unas manifestaciones previamente elaboradas".

"Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el gobierno fuerte que se merece, un gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita", dijo la ministra portavoz en aquella rueda de prensa. Y lo acompañó de cifras del paro. "Las afirmaciones referidas utilizan datos objetivos para apoyar valoraciones favorables con el resultado electoralista de hacer destacar los logros de una gestión pretendidamente positiva hecha por el Gobierno", dice ahora la Junta.

En ambos casos, los de Sánchez y Celaá, que tienen su origen en una denuncia del PP, se recuerda que "ya se efectuó en fecha reciente apercibimiento a todos los miembros del Gobierno para que se abstuviesen de vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral".

Moncloa ha anunciado que recurrirá esta decisión

Moncloa ha avanzado este miércoles que, en el curso del expediente, el Gobierno presentará alegaciones y expondrá sus argumentos conforme a la propia doctrina de la JEC, "convencidos de que, finalmente, la JEC concluirá que la actuación ha sido correcta".

Desde el equipo del Presidente en funciones, consideran que la Junta permite al presidente, tal y como hicieron sus predecesores, realizar entrevistas en el Palacio de la Moncloa, si bien "se cuestiona la escenografía, por lo que en el futuro se cuidarán aún más los detalles para evitar interpretaciones no deseadas".

En su acuerdo, la JEC sostiene que la entrevista de Sánchez "contiene varias manifestaciones con connotación electoralista", pero que "no vulneran la ley al haber sido efectuadas en el marco de una entrevista en un medio de comunicación de titularidad privada".

Para el recurso, que se realiza ante el Tribunal Supremo, se dispone de un plazo de dos meses desde su notificación.