La RAPA ha hecho extensiva esta confianza en los partidos que han dado el apoyo a la investidura del Lambán, PSOE, Podemos, CHA y PAR, destinatarios también de esta carta, al igual que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente, Joaquín Olona.

Tras remitir esta carta, la RAPA se ha mostrado a disposición para iniciar las conversaciones y negociaciones que permitan resolver este "grave conflicto social en Aragón, cuando el Gobierno estime conveniente".

En una nota de prensa, la RAPA han indicado que ha seguido con "suma atención" el reciente pleno de las Cortes de Aragón en el que se debatió la futura reforma del ICA.

Han elogiado "algunos avances" en las líneas generales expuestas por el Olona en el reciente debate en las Cortes de Aragón, pero han lamentado que "no se incluye" la cuestión fundamental de las demandas ciudadanas y que pasa porque "ningún aragonés ni aragonesa pague más de lo que paga de media el resto de la ciudadanía en España por estos servicios".

MÁS DE 100.000 IMPAGOS

Ese objetivo fundamental de la reforma legal que se propone, exige que se cubran los sobrecostes del sistema administrado por el Gobierno de Aragón, desde los presupuestos generales de la Comunidad autónoma. Tales sobrecostes, del orden de 15 millones de euros anuales, "no sólo son asumibles" en los presupuestos de 2020, sino que "podrían y deberían reducirse en el futuro si se pusieran en marcha las medidas e incentivos de ahorro que se proponen".

Desde la RAPA han aludido a las "expectativas positivas" que depositaron al conocer que uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad asumido por los cuatro partidos que integran el Gobierno de Aragón explicitara su reivindicación de derogar el ICA, pero han diferido de que se cobren los nuevos recibos antes de concluir la reforma del ICA.

"Lanzar los recibos de 2018, sin esperar a que culmine ese proceso de derogación desde la correspondiente reforma legislativa, además de incrementar la indignación ciudadana y aumentar probablemente el número de impagos, hoy por encima de los 100.00, no augura una buena disposición negociadora por parte del Gobierno de Aragón".

La RAPA propone un nuevo modelo de financiación alternativo al ICA para gestionar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, además de coordinar el movimiento ciudadano, en todo Aragón, contra el ICA.

Cuenta con el apoyo de los principales sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores, colectivos ecologistas, Asociaciones y Fundaciones, al tiempo que defienden los servicios de agua y saneamiento como servicios públicos, que deben gestionarse desde la "lógica del interés general y no desde la lógica del mercado que imponen los procesos privatizadores".