El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes definitivamente las transferencia de 4.682 millones de euros a las comunidades autónomas después de que la Abogacía del Estado cambiara su criterio, al considerar que las elecciones del 10-N no garantizan que haya un Gobierno a finales de año y que estas entregas a cuenta podrían peligrar. Este análisis pone en cuestión los planes del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que esta semana afirmó que quiere que el Gobierno esté plenamente en funciones de nuevo en el mes de diciembre.

Con la decisión de este viernes, el Gobierno transferirá 4.682 millones de euros que las comunidades anticiparon para hacer sus gastos, tras comprobar que algunas de ellas ya tendría problemas de tesorería este mismo me de noviembre por no haber ingresado los anticipos que hicieron al Gobierno. Por ese mismo concepto, también transferirá 821,7 millones a las entidades locales y este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comunicará con los gobiernos autonómicos para estimar la liquidación del sistema de financiación de 2018, a cobrar en 2020, por un monto total de 10.955 millones.

La decisión viene después de que la Abogacía del Estado cambiara de parecer. En un primer informe antes de la convocatoria electoral del 10-N, concluyó que el Gobierno no podía autorizar estas entregas a cuenta debido a que estaba en funciones. Esta semana, el criterio de la Abogacía cambió y remitió un informe que daba luz verde a las transferencias, no firmado por la abogada del Estado del Ministerio de Hacienda.

Montero ha negado este viernes que existan "discrepancias" con la Abogacía del Estado y ha explicado que lo que ha ocurrido ha sido un cambio de circunstancias. Cuando negó las entregas a cuenta es porque aún había posibilidad de que hubiera un nuevo Gobierno antes de finales de año, de manera que la decisión de un Ejecutivo en funciones no condicionara decisiones de un futuro Gobierno con plenas capacidades.

Según ha explicado Montero este viernes, todo cambió con la convocatoria electoral, cuando frente a la apuesta que hace Sánchez por que haya nuevo Gobierno en diciembre, la Abogacía del Estado concluyó que puede que no lo haya hasta 2020. "En el momento en que se solicitó el [primer] informe aún era un periodo donde era posible la conformación de un Gobierno para que pudiera hacer un planteamiento en esta materia", ha dicho la ministra, que ha añadido que después del plazo del 23 de septiembre para convocar de nuevo elecciones los cálculos cambiaron.

Montero ha exceptuado los últimos años para afirmar que "el periodo de constitución de gobiernos en los últimos 10 años está en torno a los 40 días mínimo, sumando a la fecha electoral, es posible que el Gobierno actual en nada interfiere" con el próximo.

Lo que no se podrá entregar hasta que haya Presupuestos son los 2.500 millones que el Estado central debe a las autonomías por el ajuste que decidió hacer el Gobierno en la recaudación del IVA, por lo que este viernes Montero ha atacado al PP.

Según ha recordado, "el señor Montoro, con nocturnidad, en 2017 llevó a cabo una modificación del sistema del IVA que provocó una menor recaudación y para corregirlo contemplábamos modificar el sistema y algunos se burlaron diciendo que era la primera vez que el Gobierno se inventaba 13 meses", ha dicho la minitra de Hacienda, que ha reprochado que las comunidades gobernadas por el PP "hoy lo están exigiendo a un Gobierno en funciones y sin Presupuestos".