La Comunidad de Madrid ultima un cambio normativo que proveerá de una solución a una queja antigua de los colectivos a favor de la inclusión y supondrá un respiro para cientos de familias madrileñas de las que forman parte discapacitados intelectuales mayores de 60 años.

La consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, a cargo de Alberto Reyero (Cs), ha iniciado los trámites para modificar el artículo 3 de la orden 1363/1997 de la Comunidad de Madrid, que establecía como límite los 60 años para acceder a un plaza en residencias especializadas.

El colectivo Plena Inclusión Madrid –una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 115 organizaciones, 4.600 profesionales y 2.700 voluntarios– llevaba exigiendo esta reforma desde hace más de seis años. De hecho, uno de sus socios llegó a llevar la orden al Tribunal Constitucional aludiendo que vulneraba un derecho fundamental como es la igualdad y los magistrados le dieron la razón.

En febrero de 2018, el fallo exponía que la disposición y la posterior negativa de la Administración a evitar la aplicación de la misma –"pese a disponer de instrumentos jurídicos para ello", según precisaba la sentencia– vulneraron "el derecho fundamental de la persona a no ser discriminada por razón de edad y de discapacidad".

Seis meses después de la decisión del Constitucional, la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno regional a modificar la orden 1363/1997 para cumplir con la doctrina fijada por el tribunal. La iniciativa la presentó el grupo parlamentario del PSOE y salió adelante con los votos de los propios socialistas, Ciudadanos y Podemos,  y con la abstención del PP.

Según explicaron fuentes de la consejería, la orden no afectaba a las personas que cumplían los 60 años  cuando ya están viviendo en una residencia con recursos especializados porque en esos casos sí se les permitía permanecer en el centro.

Sin embargo, el artículo 3 de la orden aprobada en 1997 sí que perjudicaba a las personas con discapacidad intelectual que vivían con sus familias y cuando cumplían cierta edad veían la necesidad de ingresar en una residencia para estar plenamente atendidos.

En esos casos, si la persona ya tenía 60 o más años, no podía acceder a una residencia especializada en discapacidad intelectual, sino que tenían que acudir a un centro convencional para personas mayores.

"Estamos contentos porque se ha atendido una vieja reivindicación", valora Mariano Casado, presidente de Plena Inclusión Madrid."Pero no hay que perder de vista que hemos tenido que esperar seis años para que se ponga en marcha una medida que consideramos muy razonable", añade.

Casado recuerda que fue una persona vinculada a la organización que dirige quien tuvo que luchar "durante años" contra la Administración para que se cambiara la norma. "Esto demuestra que los derechos se consiguen siempre que hay tira para delante", indice el presidente de Plena Inclusión Madrid, pero también pone de relieve que la Comunidad "tuvo muchas ocasiones para rectificar y no lo hizo".

"Ahora agradecemos que el nuevo equipo de Gobierno tenga la sensibilidad para hacer el cambio normativo, que esperamos que sea una realidad cuanto antes", apunta Casado.

De acuerdo con los datos facilitados por Plena Inclusión Madrid, alrededor del 5% del total de personas con discapacidad españolas tiene más de 65 años y su esperanza de vida cada vez es mayor.