Este viernes las fuerzas de seguridad iraquíes han abierto fuego contra los manifestantes en Bagdad, que se han reunido por cuarto día consecutivo en la céntrica plaza Tahrir para protestar contra la corrupción, la deficiencia en los servicios públicos más bajos y los altísimos niveles de desempleo del país.

Según recoge el medio catarí Al Jazeera, las fuerzas del orden han disparado directamente sobre los civiles y no al aire como en ocasiones anteriores, aunque por el momento se desconoce si se han producido muertes. Según este medio, esta acción ha dispersado a los manifestantes por las calles cercanas, en las que se están desarrollando enfrentamientos con los agentes.

Al parecer, este viernes, día de menor actividad en la capital iraquí por ser el día de oración semanal en el islam, el ejército y las fuerzas especiales se han desplegado, uniéndose a la policía que lleva varios días tratando de controlar las protestas.

Durante la mañana, el primer ministro Abdul-Mahdi intervino en televisión para declarar que las demandas "legítimas" de los manifestantes han sido escuchadas y para pedir a la población que se quedase en casa y no acudiese a la concentración.

De acuerdo a Al Jazeera, a la espera de actualizaciones después de las actuaciones de este viernes, la cifra de muertos provocados en la represión de los actos de protesta alcanza ya los 44 y los heridos superan ya los 1.650, como resultado de las tácticas de las fuerzas de seguridad que han incluído bombas de gas lacrimógeno, pelotas de goma, cañones de agua y fuego real, inicialmente al aire y posteriormente contra la población civil.

A pesar de que Mahdi reconoce muchas de las quejas de los manifestantes y ha anunciado que trabajará en leyes para garantizar ingresos mínimos a las familias más desfavorecidas, proveer de vivienda a los sin techo y combatir la corrupción, remarca que "no hay una solución mágica" a los problemas que enfrenta Irak, y que "no hará promesas vacías" ni "prometerá lo que no puede lograr".

Tambén, justifica las medidas tomadas con el objetivo de frenar las manifestaciones, como los toques de queda o las limitaciones en el acceso a internet, aunque las califica de "elecciones difíciles", asegurando que es imperativo regresar a la normalidad y respetar la ley.

El clérigo Alí al-Sistani, máxima autoridad del islám chií en el país (que supone la rama mayoritaria: cerca de un 65% de la población profesa esta fe) ha pedido tanto a los manifestantes como a las fuerzas del orden no emplear la violencia, pero ha recriminado al Gobierno que haya fracasado en la lucha contra la corrupción.

En el mismo sentido, ha hecho un llamamiento a las autoridades a recoger las demandas de los participantes en las protestas "antes de que sea demasiado tarde".

En una carta que ha leído su representante Ahmed al-Safi durante un sermón en Kerbala, ciudad santa para los chiíes, expresó luto por los fallecidos en las protestas e insistió en que el Gobierno "no ha conseguido nada".

"Los legisladores son quienes tienen la mayor responsabilidad sobre lo que está pasando", sentenció.

Así, aseguró que el Gobierno "debe hacer lo que pueda para mejorar los servicios públicos, encontrar trabajo para los desempleados, acabar con el clientelismo, solucionar el problema de la corrupción y enviar a los implicados a prisión".

Como la mayor autoridad religiosa del país, las declaraciones de al-Sistani apoyando las protestas pueden llevar a más ciudadanos a unirse y tensar la situación aún más, teniendo en cuenta que las manifestaciones se concentran en una zona de aplastante mayoría chií.

En cuatro días de protestas, la cifra de fallecidos ha crecido hasta 44, según datos oficiales.

El número más elevado se ha producido en la localidad sureña de Nasiriya, donde se cifran en 18; en Bagdad, la cifra asciende hasta 16.

Los medios locales advierten además de que las protestas, que comenzaron con demandas de mayor acceso al empleo, servicios públicos y medidas contra la corrupción, están comenzando a reclamar un cambio de Gobierno ante la brutalidad de la represión ejercida por el Ejecutivo, y poco a poco se están alzando como una de las mayores amenazas en los últimos años para la seguridad del país.

La Organización de las Naciones Unidas ha urgido a investigar "rápida y transparentemente" la fuerza empleada por las fuerzas de seguridad, que han provocado la muerte de 44 personas.

"Llamamos al Gobierno iraquí a permitir a los ciudadanos que libremente ejerzan su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica", señaló la portavoz Marta Hurtado.

"Nos preocupan los reportes de que varios cuerpos de seguridad han utilizado balas de goma y munición real en algunas áreas, así como que han disparado botes de gas lacrimógeno directamente contra los manifestantes", afirmó Hurtado, que remarcó que en el control de protestas el uso de la fuerza "debe ser excepcional".

"Cualquier uso de la fuerza debe seguir las normas aplicables de derechos humanos", continuó, y aseveró que "el uso de armas de fuego debe ser un último recurso para protegerse contra una amenaza inminente de muerte o daño severo".

"Todos los incidentes en los que las acciones de las fuerzas de seguridad hayan resultado en muertes o lesiones graves deben ser investigados de forma rápida, independiente y transparente", concluyó.