La Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid deberá investigar si Clece cometió abusos laborales contra 16 empleados con discapacidad que trabajan en el Palacio Real, tras la denuncia que ha recibido de CC OO, en la que habla de jornadas de hasta once horas diarias de pie por menos de 545 euros mensuales. Patrimonio Nacional también se ha pronunciado y ha avisado de que romperá el contrato si se demuestra que los hechos son ciertos.

Estos trabajadores con discapacidad, que prestan servicios de atención al visitante en el Palacio Real, pertenecen al centro especial de empleo de la compañía Integra, subcontratada por la empresa adjudicataria del concurso público realizado por Patrimonio Nacional, que es Clece.

Patrimonio Nacional solo tiene vinculación con la empresa adjudicataria y "no tiene ninguna relación laboral" con los empleados de Integra, según ha informado la institución pública en un comunicado. Ha asegurado que, desde que comenzó el contrato con Clece el pasado 1 de julio, no tenía "constancia o conocimiento de las circunstancias" que denuncian los trabajadores.

Además, según subraya en un comunicado, el organismo público, dependiente del Ministerio de Presidencia, ha exigido a Clece una copia de los contratos de trabajo e información sobre las condiciones laborales de estas personas que, en ningún caso, ha determinado Patrimonio.

El contrato firmado con Clece "exigía el respeto a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad y a la normativa laboral vigente", según la institución, algo que no se estaría cumpliendo de ser ciertas las denuncias de los trabajadores.

"La contratación de dicho servicio especificaba el número de horas de atención al visitante requerido por las necesidades del Palacio Real de Madrid, siendo responsabilidad del contratista el cubrir dichas horas con el número de personas y los horarios y condiciones salariales conformes a la normativa laboral", ha aducido la institución pública.

De cualquier modo, quiere resaltar que su relación laboral es con Clece, adjudicataria del concurso público con el que Patrimonio licitó este servicio, y no con Integra, que es la empleadora del grupo de trabajadores con discapacidad denunciantes.

La respuesta de Clece ha llegado también en un comunicado en el que lamenta que "se hayan producido estos errores" y en el que asegura que ya están trabajando para "subsanar estas deficiencias con carácter inmediato".

"Desde el primer momento hemos trabajado para que se prestara con el mayor rigor y calidad", asegura la empresa, que añade: "La complejidad de poner en marcha un servicio de estas características unido a las dificultades" de su comienzo ha generado "una serie de errores administrativos en el proceso de elaboración de nóminas".

Jornadas laborales de 10 y 11 horas diarias de pie, llegando incluso a las 50 y 55 horas semanales y que la empresa justifica como "horas complementarias" sin que aparezcan en ninguna nómina, descansos que apenas llegan a los 45 minutos para comer o trabajar sin haber firmado contrato son algunos de los "abusos denunciados" por CC OO este viernes.

En el documento, censura que los responsables de Integra no han cumplido tampoco con sus promesas verbales lanzadas en las entrevistas de trabajo de remunerar a estas personas con entre 800 y 1.000 euros de salario más las horas extra, ya que en algunos casos se han quedado en menos de 600.

Además, lamenta que Integra no haya adaptado los puestos de trabajo debidamente a estas personas, que no disponen de vestuarios donde cambiarse, lo que les obliga a hacerlo en los baños para visitantes. También afea el "aprovechamiento y abuso de trabajadores con discapacidad mental".

CC OO reprocha también a la empresa que comunicara los cuadrantes de un día para otro, sin previo aviso, y llegase a cambiar días libres ya concedidos. Asimismo, le recrimina que haya despedido a trabajadores incluso antes de haber firmado el contrato o que haya impuesto sanciones económicas a modo de presión.

Todo ello podría tratarse no solo de "meros incumplimientos contractuales", sino que, dada la especial condición de los trabajadores, sea "una vulneración de un derecho fundamental, como es la discriminación por razón de la discapacidad de los afectado,s que perjudicaría no solo a su integridad física, sino también a su dignidad".

Por todo ello, ha pedido a la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid que compruebe los hechos denunciados y, "si procede, levantar acta de infracción, dictando resolución sancionadora, obligando a la empresa a ajustarse a derecho".