La sentencia considera probados los hechos referidos por la empleada denunciante, que acusa de coacción a Fernández y a otros cargos de la empresa, condenando al primero a 24 meses de multa a razón de 50 euros de cuota diaria, así como a inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo.

El resto de condenados, Marta Sánchez García, Yolanda Villar Mancebo y Francisco Javier Gutiérrez Bodorrey, cargos de la empresa, han sido condenados a 18 meses de multa a razón de 25 euros, además de la correspondiente inhabilitación para desempeñar cargo público alguno, a lo que se une la indemnización de 4.000 euros que deberán pagar los cuatro imputados a la demandante en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia absuelve a la empresa y al Ayuntamiento de toda culpa al considerar la responsabilidad de los condenados de "carácter personal y no propio de la actividad o servicio municipal", según las mismas fuentes.