El presidente catalán, Quim Torra, ha expresado su "indignación" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a través de una carta, en la que se queja de la operación policial de este lunes contra los Comités de Defensa de la República (CDR) y le pide "explicaciones" por las detenciones.

En la misiva, de poco más de un folio, Torra denuncia que nueve activistas de los CDR fueron "detenidos y acusados de terrorismo" en una "operación judicial-policíaca-mediática que se saltó todos los principios de presunción de inocencia" y que "servía para inventar un falso relato de violencia en Cataluña".

"Le quiero transmitir mi indignación y la de todo el Govern de Cataluña, así como de una parte muy importante de la ciudadanía catalana, por un ejemplo más de la utilización de los aparatos del Estado para una finalidad política de parte, que no se corresponde con las razones de la existencia de estos aparatos", afirma.

En la carta, el president de la Generalitat insiste en que el independentista "ha sido, es y será un movimiento pacífico y no violento" que persigue alcanzar sus objetivos "siempre por medios democráticos".

"La Justicia está para hacer justicia. La política está para dar seguridad y garantizar el orden público. Y los medios de comunicación, para esclarecer la verdad y contar las cosas tal como son", asegura.

Torra recuerda que este lunes Cataluña se despertó "con el ruido de los portazos de la Guardia Civil en casa de ciudadanos comprometidos con su sociedad" y con unas posteriores declaraciones de la delegada del Gobierno en la comunidad, Teresa Cunillera, en las que, según critica el president, justificó "detenciones preventivas".

En concreto, Cunillera dijo desde Lleida que la detención de nueve independentistas respondía a una operación judicial que se enmarca en la "prevención de posible actos delictivos que pudiera haber".

Para Torra, la idea de "detenciones preventivas" no debería "ser posible en un verdadero Estado de derecho", por lo que pide explicaciones a Sánchez por las palabras de la delegada del Gobierno y por el "conjunto de actuaciones llevadas a cabo contrarias a los derechos y libertades públicas".