Este martes, el Tribunal Supremo tomará una decisión final sobre la exhumación de Franco y el destino final de sus restos, uno de los asuntos que han centrado la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada al poder en junio de 2018 y que se ha encontrado con varios baches.

La decisión del Supremo coincide el mismo día en que se disuelven las Cortes y se convocan oficialmente las elecciones generales del 10 de noviembre, lo que otorga al fallo un marcado carácter político.

Hay que recordar que la fecha de exhumación anunciada por el Gobierno era el 1o de junio, pero el proceso quedó paralizado por el alto tribunal para adoptar una resolución definitiva.

Esta será la cuestión que antes abordará el Supremo y que previsiblemente avalará ya que, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, no hay muchas dudas al respecto entre los miembros de la Sala. De esta forma, además, se daría cumplimiento a la ley de Memoria Histórica, que contempla que solo haya víctimas de la Guerra Civil en el panteón de Cuelgamuros.

De no aprobar el traslado de los restos del dictador, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ya ha avanzado que denunciará al Estado. Su presidente, Emilio Silva, considera que la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos debe ser un objetivo de Estado que complementarse con el "deber" de "dejar de sostener monumentos y panteones en los que reposan los restos del dictador".

En este punto es donde más discrepancia hay. El Gobierno quiere que los restos del dictador sean sacados del Valle de los Caídos y enterrados en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, a las afueras de Madrid, mientras que la familia desea que sea en la cripta de la catedral de la Almudena. Ninguna de esas opciones es apta para las asociaciones.

La ARMH considera que el cementerio de Mingorrubio no es adecuado por ser suelo público propiedad de Patrimonio Nacional. "Obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba del dictador es una forma de maltrato y una patología democrática. A nadie se le ocurriría que una víctima de un atentado terrorista pagase la tumba del responsable o la víctima de cualquier otro crimen", señalan.

Por otro lado,más de 100 organizaciones y colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, entre otros colectivos, se concentrarán este martes frente a la sede del Supremo bajo la campaña #NiValleNiAlmudena. Es en la catedral madrileña donde reposan los restos de la hija del dictador, Carmen Franco, y los de su marido, y donde la familia quiere que lo hagan también los del dictador ya que tienen una sepultura en propiedad con espacio para varios cuerpos.

El Ejecutivo, en cambio, descarta la idea de que los restos se trasladen a la catedral madrileña por motivos de seguridad. En el año 2013 se produjo un intento de atentado en la Almudena por un grupo de anarquistas.

El Tribunal Supremo despejará esta incógnita. Según Estrasburgo, la familia tiene derecho a ser escuchada, pero si puede decidir por encima incluso del Gobierno es uno de los grandes interrogantes, ya que las razones de interés público, como las de seguridad que argumenta el Ejecutivo podría inclinar la balanza.

Normalmente, en asuntos de derecho mortuorio suelen primar los criterios de salud pública, pero aquí no es el caso, sino que el Ejecutivo acusa a los Franco de ignorar los riesgos de seguridad que entrañaría el enterramiento en la cripta de la Almudena.

Sobre el lugar del traslado es donde más discrepancia hay por la complejidad de la decisión. En este sentido, podría darse la posibilidad de que esa falta de acuerdo terminaran en un 'empate', ya que son seis los magistrados los que componen la sección: Rodríguez Zapata, Segundo Menéndez, Celsa Pico, Pilar Teso, José Luis Requero y Pablo Lucas, que será el ponente de la sentencia que se dictará.

De darse el caso, sería una sala de discordia la que resolvería el procedimiento de acuerdo a los artículos 262 y 263 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este martes, los magistrados solo se pronunciarán sobre el recurso de los nietos de Franco, pero no respecto de los planteados por la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que dejarán para más adelante y cuyo desenlace estará marcado por lo que acontezca el próximo martes.