Comisiones Obreras ha convocado concentraciones a nivel gallego para manifestarse en contra de la imputación de tres diputados de Unidas Podemos -dos de ellos por Galicia en Común-, así como la de varios trabajadores de la organización y de Alcoa que se manifestaron el pasado marzo delante del Congreso de los Diputados por el cierre de varias plantas de la compañía en Galicia y Asturias.

En concreto, el juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha abierto una investigación contra los diputados Rafa Mayoral, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino, así como a la exdiputada de En Marea Ángela Rodríguez por un presunto delito de atentado contra la autoridad.

Todos se manifestaron el pasado 28 de marzo frente al Congreso para apoyar la protesta del personal de Alcoa, en la que hubo cargas policiales. Los cuatro formaron parte de la manifestación y el pasado martes recibieron una citación para declarar ante el juzgado por los delitos de los que se les acusa.

Además, según Comisiones Obreras también están denunciados el secretario general de CC.OO-Industria, Víctor Ledo, el presidente del comité de empresa de Alcoa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, y otros dos trabajadores afiliados al sindicato.

CONVOCATORIAS

Ante la situación, el sindicato ha anunciado dos concentraciones en A Coruña y Ferrol. La primera será el 24 de septiembre a las 11,00 horas delante de los Juzgados de A Coruña. La segunda se celebrará a la misma hora el 8 de octubre frente a los Juzgados de Ferrol.

De esta manera, ambas citas cuadrarán con las comparecencias judiciales de los acusados. Igualmente, la organización lamenta la "persecución" a los imputados y niega "el delito que se les atribuye" porque "numerosas imágenes demuestran que no opusieron ninguna resistencia", ni a identificarse ni cuando empezaron las "desproporcionadas cargas policiales".

Por todo ello, recuerda que "defender la clase trabajadora no es delito" y exige al Gobierno que el próximo 10 de noviembre "salga de las urnas" con la promesa de "derogar la Ley Mordaza" que, desde su creación, solo "sirve para castigar y criminalizar toda forma de protesta social".

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